VALÈNCIA. Al final te quitan lo mismo que te dan / A los grandes los benefician más porque son los que generan más ocasiones / Llorones, eso es lo que son los que siempre están protestando contra los árbitros / Hay que respetar al estamento arbitral porque su profesión es muy complicada / La tecnología, con el VAR, viene para reducir los errores humanos y optimizar el arbitraje.
Durante años, durante siempre, fue la versión oficial. Daba igual si había errores clamorosos que iban contra toda lógica, porque directamente se guardaban en el cajón de son-muy-llorones. Solo si afectaba a Madrid o a Barcelona, a la polémica se le sometía a las pruebas de ADN. Hasta ahora.
El ‘caso Negreira’ puede que se despache con una pena pactada que ejerza de correctivo pero que no suponga demasiado lastre para el Barcelona. Pero a diferencia de otros episodios, menos nítidos, o más puntuales, dibuja una alteración crítica de las reglas del juego.
Será imposible seguir tirando del argumentario habitual de tópicos manidos cuando hay pruebas así de constantes de que una parte nuclear del sistema arbitral español estaba subyugado al menos a un integrante de la Liga mediante una compraventa de servicios.
Nada puede ser igual porque:
Uno. Un club de manera continuada capturó la competición a través del pago de casi siete millones a uno de los máximos responsables de que la competición fuera justa. Aunque importa, conocer los beneficios directos de ese intercambio económico resulta menos relevante que saber algo peor: la competición estaba trucada. Al menos desde 2001. Quien debe velar por la justicia, cobraba por alterarla.
Dos. Sería merecedor de escándalo y pena que un club quisiera comprarse a los jueces del fútbol para tenerlos de cara. Sería merecedor de escándalo y pena que jueces del fútbol quisieran venderse para cebar sus cuentas bancarias. ¿Qué debe ocurrir entonces si se prueba que el club que quiso comprar, compró, y el juez que quiso venderse se vendió?
Tres. Que hayan pasado más de dos décadas sin que RFEF ni Liga detectaran los pagos, exhibe la falta total de controles, o la inoperancia de los mismos. Abona la sospecha sin necesidad de conspiración: ¿miraron a otro lado?, ¿hubo más clubes?, ¿hubo más jueces? Haciendo un ‘alpacino’, ha tenido que ser el Ministerio de Hacienda quien haya levantado la alfombra al sentirse puenteado.
Cuatro. A falta de ver la trazabilidad de los pagos, de discernir si a los Negreira se les pagaba por crear un marco favorable o por encargos concretos, la constancia en la relación comercial apunta a que el cliente disfrutaba de un servicio satisfactorio. Como para resultar beneficiado es necesario que haya perjudicados, se concluye que existía un sesgo de clase: también en esto solo los más grandes pueden permitirse ‘asesoramientos’ a 45.000 euros/mes mientras la mayoría no contaba con asesoramiento a favor.
Cinco. El ‘biscotto’ entre Rubiales y Piqué se despejó desde la justificación de que sus relaciones comerciales no afectaban a la competición. Es muy probable que ahora se explique que la alianza entre Barça y Negreira en nada influía en los arbitrajes ni provocaba interferencias (el punto más complicado de probar). Buscan una defensa común: exigir a quien cuestiona sus comportamientos que demuestren que hubo peticiones de trato de favor. Es imposible obtenerlas, porque no son necesarias: la productividad del trato se sustenta a partir del beneficio mútuo.