VALÈNCIA. Escena 1. Septiembre de 2013. Mediodía, oficinas de la Fundación VCF. Preguntamos a Amadeo Salvo respecto a cuál es su política informativa en el Valencia CF. Respuesta: “Cualquier cosa que hagas tiene mucha trascendencia. El fútbol es una casa con las paredes de cristal y lo tienes que tener todo muy limpio para que sea transparente. Abrir un poco el Valencia al valencianismo, porque es absurdo ocultar algo que está en unas paredes de cristal”.
Escena 2. Diciembre de 2022. Mañana, palco VIP de Mestalla. Se desarrolla la Junta General de Accionistas del Valencia CF SAD. A ella acude el consejo de administración del club, en representación del máximo accionista Peter Lim; media docena de accionistas que han logrado reunir, en propiedad o delegadas, las 5.765 acciones necesarias para estar presentes; y los medios oficiales del club y resto de empleados. En total, el número de personas no llega a la treintena. No hay prensa, que tiene vetado el acceso y no puede practicar el libre ejercicio de la información. No hay accionistas minoritarios. No hay nadie más.
No es un guión cinematográfico. Esta es la pura realidad de un proceso de degeneración imparable y que, en menos de una década, ha socavado los principios informativos más elementales y cercenado los derechos de todos y cada uno de los accionistas minoritarios del Valencia. De las paredes de cristal de Salvo al búnker de plomo y cemento de Peter Lim en nueve años.
Layhoon Chan tenía en su mano remediarlo. Podría habérselo achacado todo al ínclito Anil Murthy y salir reforzada de este asunto. De hecho, aún lo tiene en su mano: basta con abrir la asamblea a los medios de comunicación para que informen de lo que sucede ahí dentro, con luz y taquígrafos y sin necesidad de poner a prueba la batería de nuestros móviles durante varias horas. Pero, a un mes de la cita, no parece demasiado por la labor. Vetar a la prensa es una senda plácida y cómoda, más mullida todavía gracias a colectivos paniaguados que traicionan sus principios más elementales de defensa del pequeño accionista a cambio de preferencia en la adquisición de entradas y otras prebendas.
Llevo asistiendo a estas asambleas desde 2009. Y me alucina la facilidad con la que nos han pisoteado y, más aún, me alucina la inacción generalizada cuando ha sucedido. Ni medio atisbo de revuelta. No la hubo en 2014, cuando prohibieron a los medios informar en directo de lo que ocurría en la JGA y amenazaron con represalias. Ahí estaba Amadeo todavía, al que las paredes de cristal se le habían opacado de repente. Tampoco a partir de 2015, cuando se obligó a los periodistas presentes a firmar un acuerdo de confidencialidad comprometiéndose a ‘sólo’ contar la versión oficial comisionada por el club. Tampoco a partir de 2017, cuando empezaron a limitar el tiempo de las intervenciones de los presentes a cinco miserables minutos. Y mucho menos a partir de 2020, primero con aquella JGA telemática infame –a Murthy le venía regular lo de dar la cara ante el pueblo- y, ya posteriormente, con el aumento de nueve a tres mil quinientas noventa y ocho acciones para poder siquiera entrar a la reunión.
La abierta Layhoon, la cálida Layhoon, la amable Layhoon, mantiene bien cerrado el puño de hierro de la propiedad sobre esos aficionados que, en los años noventa o en 2009 o en 2022, pusieron dinero sobre la mesa para ayudar al Valencia. Gente que renunció en su día a sus vacaciones de verano para ayudar. Personas con 1, 3, 9, 11, 18, 200 o 500 títulos a su nombre que nunca especularon con ellos ni –como a los adláteres de Meriton les gusta proclamar- “vendieron sus acciones” en la fiebre del oro de la época Roigista.
La señora Layhoon tendrá sus motivos. El más lógico: no quiere que puedan afear otro ejercicio 21-22 desastroso, con 46 millones de euros en pérdidas y una entidad deportiva que se empequeñece y empobrece a la carrera.
Escena 3. ‘Flashback’. Marzo de 2014. Mañana, Palacio de Congresos. Junta General de Accionistas de Bankia. En primera persona pude ver cómo, uno detrás de otro, decenas de personas indignadas y desesperadas le manifestaban a Juan Ignacio Goirigolzarri –que acababa de ser nombrado poco antes presidente de Bankia y, por lo tanto, ‘pasaba por allí’- su total y absoluto descontento por el fiasco de las preferentes, cuando no le insultaban directamente. Una persona incluso se quitó la ropa y se quedó en pelota picada. Y el presidente del banco, con cara de circunstancias, aguantó el chaparrón.
Porque esa es la obligación de una directiva en cualquier sociedad: gestionar con criterio, disfrutar en épocas de bonanza y aguantar el chaparrón cuando las cosas no van bien. No me lo tienen que contar: he visto con estos ojitos como, en época de Manolo Llorente (2009-2013), se le ha pintado la cara al máximo dirigente de manera continuada en cada JGA. A veces con argumentos contundentes; otras, por pura necesidad de desfogarse. Y allí estaba Manolo, que como gestor gustará más o menos, pero que ponía el pecho y bajaba al barro a dialogar, a discutir, a enfadarse con la crítica y a alegrarse con el apoyo. Antes que él, Soriano pasó por ahí. Y antes, Juan Soler. Y antes, Ortí, Cortés y Paco Roig.
Ninguno rehuyó su obligación. Ninguno tuvo la osadía de cerrar las Juntas a cal y canto a los accionistas minoritarios, porque eran conscientes de la necesidad de que, una vez al año (¡una!), la afición de a pie recuperarse la sensación de influencia sobre el rumbo que tomaba la institución. Porque había un respeto inamovible a los que sí “los pusieron”. Un respeto que hace años se desvaneció, igual que las famosas paredes de cristal.