Suspendida la vista en el juzgado 50 minutos después de iniciarse para nombrar un perito que cuantifique la indemnización que le correspondería percibir al Hércules si así lo decide el magistrado, en el caso de que también estime la demanda de resolución del contrato de arrendamiento suscrito por el club con Aligestión, tal y como pide el IVF.
ALICANTE. El Hércules y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) reiteran su voluntad de llegar a un acuerdo sobre el uso del estadio Rico Pérez y el futuro Arena Alicante.
Esa era su postura antes de la vista (incidente concursal 438/17) relativa a la demanda de resolución del contrato de arrendamiento suscrito en 2007 por el club con Aligestión Integral y así seguía siendo este miércoles después de la misma que, por cierto, se suspendió una vez iniciada, aunque no como consecuencia de esa voluntad negociadora de las partes.
Tanto el consejero delegado del club, Carlos Parodi, como el director general del banco del Consell, Manuel Illueca, insisten en su predisposición a llegar a un acuerdo que hace unos días parecía cantado, pero que en el último momento (el martes estuvieron negociando hasta entrada la noche) no se pudo concretar. Las partes no quieren entrar en los detalles que han impedido hasta la fecha formalizar un nuevo convenio, pero la noche del martes, desde València, se apuntaba a la negativa del club a abonar un alquiler, algo en lo que tanto el IVF como la Generalitat no están dispuestos a ceder.
Indemnización e impagos
Volviendo con la cita en sede judicial, el Hércules, el banco del Consell y Aligestión Integral se veían las caras la mañana del miércoles ante Juan Ignacio Martínez, el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante. La vista, que arrancó con puntualidad, a las 10 de la mañana, fue suspendida 50 minutos después (justo tras la declaración de Miguel Carratalá, administrador solidario de Aligestión Integral hasta 2016, cuando sus poderes se revocaron con la declaración de concurso y el nombramiento de un administrador concursal, Miguel Hernández) al reiterar el abogado del Hércules, Juan Antonio Sánchez, que en el caso de que se estimase la demanda de resolución del contrato de arrendamiento el club reclamaría daños y perjuicios (acogiéndose a la Ley Concursal) al IVF, el nuevo propietario del estadio tras ser el adjudicatario de los bienes y derecho de Aligestión subastados en 2017: el magistrado decretó la suspensión al entender que correspondía la suspensión para nombrar un perito que cuantifique a cuánto puede ascender esa indemnización por si la sentencia era estimatoria de la demanda de resolución del citado arrendamiento y que se sustenta, entre otras razones, en los incumplimientos del contrato (impagos) por parte del club. Es decir, que cuando el perito nombrado termine su trabajo, se retomará el juicio (si las partes no han alcanzado un acuerdo extrajudicial antes).
El Hércules suscribió en 2007 un contrato de arrendamiento con Aligestión Integral con una duración de 25 años. En el mismo se reserva el uso en exclusiva de la instalación a cambio de asumir el mantenimiento y el pago de un precio anual en concepto de canon o alquiler de importe variable, pues se correspondía con el 7% de los ingresos brutos del club por ejercicio.
El Hércules entiende que, si se estima la demanda de resolución (interpuesta por el administrador concursal de Aligestión a instancia del IVF), el contrato se rescinde anticipadamente y le corresponde percibir una indemnización (la vigencia del contrato se extendía hasta el 2032). Respecto a la causa de resolución, a los incumplimientos (a día de hoy son unos 280.000 euros los que el Hércules no ha pagado por el arrendamiento desde 2017, cuando el IVF fue confirmado como adjudicatario de la subasta y pasó a ser propietario del estadio, pero lo impagos ya era constantes antes de ese momento), el club niega la mayor, asegurando que el banco del Consell emplazó al Hércules a abonar a Aligestión las sumas pendientes de pago por medio de préstamos participativos (el IVF y el resto de acreedores de la mercantil se beneficiarían de lo anterior en el marco de la liquidación). El magistrado decidirá, pero la contabilidad del club refleja que esas sumas pendientes se han provisionado, es decir, que tampoco se han inyectado en la tesorería de Aligestión.
