Exdirectivos de la Federación Valenciana de Fútbol denuncian a Salvador Gomar ante la Fiscalía Anticorrupción

VALÈNCIA. Un grupo de exdirectivos de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) ha presentado ante la Fiscalía Especial Anticorrupción de Valencia y la Dirección General de Deportes de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte una denuncia contra el actual presidente de este organismo, Salvador Gomar, por unos presuntos delitos de malversación, prevaricación y apropiación indebida.

La Fiscalía, según la documentación a la que ha tenido acceso Efe, ha incoado las diligencias de investigación penal y ha designado un instructor para analizar la denuncia, en la que se acusa al dirigente de elevar su sueldo de forma irregular y de avalar y beneficiar de forma unilateral a un club de la territorial en perjuicio de otro.

Según consta en la denuncia, acompañada de actas de numerosas asambleas y juntas, Gomar, que llegó a la presidencia en 2018, ha ido incrementando su sueldo paulatinamente sin el consentimiento, supuestamente, de su anterior directiva y asumiendo subvenciones enviadas desde la Federación Española de Fútbol (FEF) que en principio debían ser destinadas a profesionalizar las diferentes áreas de las territoriales.

Los denunciantes recuerdan que Gomar ya logró elevar su sueldo en 2019 hasta los 112.526 euros anuales, cuando Vicente Muñoz, anterior presidente, había percibido 62.597.

En este sentido, los denunciantes recuerdan que el próximo viernes el actual presidente de la FFCV también someterá a la aprobación de la asamblea un nuevo incremento de su sueldo, que pasará de los 152.000 a 170.000 euros.

También consta en la denuncia que Gomar ordenó el 31 de diciembre de 2021 al departamento de finanzas de la FFCV confeccionarle una nómina a su favor por importe 34.000 euros y proceder a su pago con carácter inmediato, sin que se autorizara dicha transferencia conforme a los trámites reglamentarios de la federación.

Otro de los puntos por los que se denuncia al presidente es por avalar con el patrimonio de la FFCV y de manera unilateral “sin dar traslado a ninguno de los responsables del área económica”, al Alcoyano frente a la RFEF por deudas salariales que el citado club mantenía frente a sus futbolistas y evitar el descenso administrativo del equipo.

Esta decisión, según se relata, “perjudicó a otros clubes afiliados a la FFCV que cumpliendo con sus obligaciones podían haber visto mejorados sus derechos deportivos al corresponderle, reglamentariamente, ocupar la plaza deportiva de la entidad deportiva avalada”.

En el escrito se recuerda que la FFCV debió mantenerse “neutral para con todos los asociados, o al menos para no causar perjuicio a unos en beneficio de otros”. En este caso, el club perjudicado fue el Hércules, que podría haber ascendido en el caso de que el Alcoyano no hubiera cumplido con sus obligaciones con los jugadores.

“De no haber avalado de forma unilateral y por su cuenta el presidente de la FFCV, con el patrimonio de esta, el Alcoyano habría sufrido un descenso, como prevé la normativa y le hubiera correspondido ocupar dicha plaza al Hércules, club igualmente afiliado a la FFCV que se ha visto perjudicado por una arbitraria actuación del presidente, carente de sustento normativo, tomada deliberadamente para beneficiar a dicho club sabiendo y siendo consciente que perjudicaba a otros asociados a su misma Federación”, relata la denuncia.

También se denuncia, por último, que Gomar ha continuado percibiendo sus ingresos retributivos como presidente “en el periodo en que no ha ostentado dicho cargo”.

En ese sentido, el escrito recuerda que desde su dimisión para presentarse a la reelección hasta que fue reelegido pasaron 27 días en los que, pese a no tener relación profesional, instó a la FFCV “a mantenerle dado de alta en la Seguridad Social y continuó percibiendo las cantidades en concepto de sueldos y salarios, así como haciendo uso de la tarjeta de la FFCV”.

Fuentes de la FFCV consultadas por Efe han negado irregularidades en la gestión de SalVador Gomar, que califican de “transparente y ejemplar”. “Todo se ha aprobado siempre en una comisión económica, por lo que si existiera alguna irregularidad los denunciantes también son parte de ella”, añaden estas mismas fuentes, que también afirman no tener conocimiento oficial de la denuncia presentada ante la Fiscalía.