ALICANTE. LaLiga ha flexibilizado parcialmente sus normas de control económico. Trascendía este miércoles, pero se acordó el pasado 19 de noviembre en el seno de la Comisión Delegada de la misma, una suerte de consejo de administración de la patronal que preside Javier Tebas, con los consejeros delegados del Atlético de Madrid y la SD Eibar, Miguel Ángel Gil y Jon Ander Ulazia, respectivamente, como vicepresidentes y doce vocales que representan a seis clubes con equipo compitiendo en LaLiga EA Sports (Athletic Club, Deportivo Alavés, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Madrid y Sevilla FC) y otros tantos haciéndolo en LaLiga Hypermotion (Burgos CF, Cádiz CF, UD Almería, UD Las Palmas, Real Sporting y Real Zaragoza).

Son trece las modificaciones de las citadas normas, de las que cuatro están ya en vigor y regirán dirante la ventana de fichajes de invierno que permanecerá abierta entre el 2 de enero y el 2 de febrero.

LaLiga asegura que la citada flexibilización no quiebra el principio de sostenibilidad financiera y su marco de límite salarial sobre los que se asienta el 'fair play' financiero al que están sujetos los 42 clubes que la integran; seguro que lo anterior es cierto, pero también es innegable que aquellos clubes que cuentan peor salud económica, algo que rara vez responde a otra cosa que no sea la mala gestión, se ven beneficiados por lo anterior en detrimento de los que cumplen a rajatabla y, por ejemplo, no están excedidos en su Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCDP). Entre estos últimos se encuentra el Elche CF, que además cerró la ventana de fichajes de verano con un límite salarial de los más bajos de LaLiga EA Sports (no obstante incrementar sus ingresos durante el verano y no solo con la venta de futbolistas por más de lo que le costaron en su día) y carece de hipotecas económicas que lastren su futuro gracias a haber llevado a cabo una gestión que se puede calificar de responsable, hasta el punto de protagonizar un gasto aún más contenido que aquel al que las normas de 'fair play' financiero le obligan.

Entre las modificaciones aprobadas tenemos que, por ejemplo, un club podrá renovar a un jugador por temporada sin estar sujeto a ninguna condición, siempre que no rebase el 8% de su LCPD autorizado. También que los clubes podrán disfrutar de cara a la próxima campaña, al mercado de verano, del beneficio derivado de la venta de los derechos económicos de un jugador durante la próxima ventana invernal, es decir, que no se verán obligados a hacer uso del mismo antes del 30 de junio para no perderlo (el Elche ha realizado en las últimas temporadas adquisiciones de los derechos sobre diferentes futbolistas -no solo vía ejecución de opciones de compra- entre mayo y junio por aqulla razón).  

Además, mientras se mantienen las palancas a las que se agarran una y otra vez algunos clubes que no se caracterizan por la gestión responsable y sí por las continuas huídas hacia delante, se limita el efecto en el límite salarial de operaciones como las relativas a patrocinios cuyos ingresos se cobran de manera aplazada por la sencilla razón de que había clubes que se sacaban de la manga patrocinios fantasma y para cuando llegaban los lógicos impagos ya se habían beneficiado de los mismos en un incremento del presupuesto para plantilla deportiva: ahora todo el montante del contrato deja de tener efecto en el LCPD de forma inmediata, se prorratea en función de las temporadas en que se cobra.

Y, al tiempo, se facilitan las reducciones salariales respecto a jugadores de campo mayores de 36 años o de porteros que superen los 38 con el fin de facilitar su continuidad en el club si la valoración de su remuneración es proporcionada y no rebasa un determinado tope de la cifra de negocio.

Se supone que la citada flexibilización contribuirá a que los próximos mercados de fichajes sean más dinámicos, pero al final la conclusión que se extrae es que si bien todos compiten con las mismas normas, estas se van adaptando a las necesidades de unos pocos, aquellos que no son muy responsables en la gestión. Y lo anterior resulta sangrante para entidades como el Elche, cuyo primer equipo fue en 2015 descendido a LaLiga Hypermotion en los despachos por el Juez de Disciplina Social por ser reincidente en mantener una deuda en situación irregular con la Agencia Tributaria: para el club franjiverde no hubo modificación de la norma, se le aplicó a rajatabla, con independencia de que se le intentara colar al fisco (y por extensión a LaLiga) el tristemente famoso "pagaré trucho", comportamiento por el que el expresidente Juan Anguix se sentará en el banquillo en enero.