ALICANTE. Ocurrió hace varias semanas aunque el asunto ha saltado recientemente a la primera línea informativa gracias a la penúltima batalla de la guerra entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP).
Un día antes de que Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), sentara en la misma mesa a Luis Rubiales y Javier Tebas para que acercaran posturas respecto a la vuelta a la competición cuando la pandemia de Covid-19 lo permita, los organismos que estos presiden se cruzaban comunicados a cuenta de una resolución del CSD sobre las ayudas para la protección social y el fomento del asociacionismo en el fútbol femenino y aficionado y, más concretamente, al pago de 1.822.000 euros correspondiente a las cuotas de la Seguridad Social de los futbolistas de Segunda División B y Primera femenina: después de que la RFEF anunciara el abono de la citada suma, la LFP le recordaba que el origen de la misma está en sus miembros, en el 0,5% de lo que obtienen por sus derechos audiovisuales, tal y como se contempla en el artículo 6 del Real Decreto-ley 5/2015 de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.
281.160,78 euros
