Riba-roja reactiva la Comisión de Porxinos para investigar un presunto "pelotazo" de 137 millones

VALÈNCIA (EP). El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja (Valencia) ha aprobado la ratificación de las tres comisiones que se crearon en la anterior legislatura que investigan un presunto "pelotazo económico de 137 millones de euros en el plan Porxinos", la zona donde el Valencia preveía la construcción de su ciudad deportiva; otra sobre el destino de 113.000 euros que la concesionaria de limpieza viaria debía haber invertido en concienciación ciudadana; una tercera sobre la remunicipalización de la limpieza viaria y la creación de una cuarta comisión inexistente hasta ahora sobre el pago de 3,4 millones por los terrenos de les Paretotes.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, la ratificación de las tres comisiones de investigación y la creación de una cuarta es fruto de la aprobación de la propuesta del equipo de gobierno del PSPV que contó con el respaldo de Esquerra Unida, Compromís, Ciudadanos y Podem mientras que el PP votó en contra del acuerdo plenario.

Las comisiones tienen siempre una vigencia que concluye con el final de la legislatura y, por tanto, es necesaria su ratificación para que puedan continuar con su labor investigadora, ha añadido el consistorio.

En cuanto a la comisión del Porxinos, el consistorio señala que la propuesta de comparecencia del exalcalde del PP Francisco Tarazona; de Juan Soler como máximo responsable del Valencia en el año 2005 y del exconseller de Territorio Rafael Blasco -condenado en el caso 'Cooperación' y pendiente de una segunda sentencia por esta misma causa- "cayó en saco roto ya que los tres rechazaron dar explicaciones en la citada comisión investigadora".

Según el consistorio, "las pruebas obtenidas hasta ahora certifican que la empresa ligada al Valencia, denominada Litoral del Este, compró terrenos en Porxinos por valor de 29 millones de euros, los vendió más tarde por 166 millones y, finalmente, obtuvo un beneficio de 137 millones de euros, lo que el propio Soler calificó de 'pelotazo'".

Otra de las comisiones de investigación estudia el paradero de los 113.000 euros que la empresa concesionaria de la limpieza viaria "debería haber invertido en los últimos años en materia de concienciación ciudadana y que, finalmente no se llegaron a efectuar". Por ello, la comisión intenta esclarecer "en qué se gastó esta cantidad económica ya que, en cambio, en los meses previos a las elecciones de 2015 sí se destinaron 35.814 euros en gastos corrientes del ayuntamiento, bajo gobierno del PP".

Además, enlazado con la empresa viaria también se analizará la posible remunicipalización de la gestión de la limpieza viaria en la que se incluyan los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros de acuerdo a la legislación vigente en esta materia tras descubrir una deuda que el ayuntamiento mantenía con la concesionaria en concepto de amortizaciones y compra de maquinaria nueva para efectuar el servicio.

Por último, además de estas tres comisiones que se constituyeron en la anterior legislatura se ha creado ahora una cuarta sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre la obligación de pagar 3,4 millones de euros más los intereses por la ocupación de alrededor de 58.000 euros cuadrados en la denominada zona de les Parerotes, cuyo valor estaba fijado en 879.000 euros en total.

Las comisiones municipales de investigación de Riba-roja de Túria están compuestas por todos los partidos políticos con representación en el pleno que se encargará a lo largo de las correspondientes sesiones dictaminará sobre las posibles responsabilidades políticas relacionadas con los cuatro temas de los que consta y cuyas conclusiones se darán a conocer, a continuación, a la opinión pública.

El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria ha subrayado la necesidad de que las cuatro comisiones de investigación "se reactiven en esta legislatura con el objetivo de que se depuren las posibles responsabilidades que en su momento ya se decidirá cuál es el camino a emprender, si se queda en el ámbito político o por el contrario, se lleva al juzgado para depurar la gestión de los mismos".