VALÈNCIA. Miguel Zorío recuerda tras el cambio de posición municipal que “ya en 2016 el equipo de gobierno aprobó una moción en la que de forma taxativa se prohibía firmar cualquier tipo de convenio y contrato con empresas cuya propiedad estuviera situada en un paraíso fiscal. En este caso las diferentes sucursales y tentáculos de Meriton están en Hong Kong, Islas Vírgenes, Uganda, etc. Y si tenemos en cuenta el precedente judicial de Cristiano Ronaldo, que fue condenado por evadir impuestos, aprovechando la estructura de blanqueo montada por Peter Lim y Layhoon a través de Mint Capital, los obstáculos legales y éticos con los que se va a encontrar el concejal de grandes proyectos son muy importantes”.
Marea Valencianista recuerda que "el comprador del Valencia CF pudo hacerse con las acciones de la fundación gracias al dinero que le prestó Bankia, banco cuyos fondos proceden del rescate efectuado con fondos públicos. Y que con ese dinero, Bankia solucionó su problema y el Valencia CF comenzó un declive histórico que aún no ha terminado".
Además, hay que subrayar que Meriton ya "incumplió los puntos marcados por la Fundación para la venta del club, además de cambiar la oferta elegida por la Fundación por otra mucho más light que eludía el cumplimiento de los compromisos adquiridos con toda la afición".
Meriton Holdings Ltd, empresa de Peter Lim que compró el Valencia CF y que es el "principal investigado tras la denuncia de Marea Valencianista, tiene una de sus sedes en Hong Kong, que sigue siendo considerada por la legislación europea y española como un paraíso fiscal de facto".
"Es sorprendente que otro de los investigados, Jorge Mendes, también tenía su fondo de inversión Quaity Sports Investments en otro paraíso fiscal, Jersey. Además, su compañía Gestifute tiene su sede en Irlanda, donde se acoge a unas ventajosas condiciones fiscales. También, Layhoon Chan y Peter Lim participaron en la estafa que sufrieron los 28.000 socios del Raffles Town Club".
Por último, los concejales del Ayuntamiento de Valencia que decidan apoyar la firma de un convenio urbanístico ilegal con Peter Lim, se arriesgan a "cometer un delito de prevaricación y a responder personal y patrimonialmente con su voto. Por no hablar de lo que significa sentarse con un promotor a negociar las condiciones de un contrato urbanístico, plegándose a las condiciones impuestas por Peter Lim y renunciando a la posición de la Alcaldesa, que en 2021 exigió un aval por el total de la obra (en aquel momento 100 millones de euros, ahora más de 160 millones)".