Hoy es 6 de octubre
ELCHE. El Elche ha cerrado 2018 en una buena dinámica deportiva pero 2019 puede estar marcado por varias resoluciones judiciales que pueden condicionar su futuro y provocar un cambio accionarial o la llega de inversores, como el pago de la deuda a Bruselas, la ampliación de capital o la aprobación del convenio de acreedores.
Paralelamente a estos procesos, el consejo de administración del Elche y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), propietario del crédito que aún concede la mayoría accionarial de la entidad, continúan realizando gestiones para captar a un inversor que permita reactivar la economía del club ilicitano.
Cronológicamente, el primero de estos "match ball", como calificó estas causas judiciales pendientes el presidente del club ilicitano, Diego García, llegará de Europa.
El Elche fue multado por la Comisión Europea (CE) con 4,1 millones de euros tras considerar su alto tribunal que recibió ayudas institucionales ilegales a través de un préstamo de 16 millones concedido por el IVF, en 2011, para capitalizar su deuda.
El club recurrió y logró la suspensión cautelar, alegando que el pago de la sanción en su actual situación económica (militaba entonces en Segunda B) precipitaría su disolución.
El próximo 15 de enero, según confirmó el presidente del Elche, Diego García, se celebrará la vista en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) la demanda de nulidad interpuesta por el Elche contra la Decisión de Recuperación dictada en julio de 2016 por la CE.
El Elche argumenta que no existió ayuda de Estado fuera del mercado, rechaza la cantidad impuesta como sanción e, incluso, considera, que ese préstamo pudo ser compatible con la normativa comunitaria.
También mantiene su actividad judicial la reciente ampliación de capital del club, aprobada el pasado octubre por valor de 1,3 millones, si bien puede alcanzar los 4,5 en fases sucesivas.
El IVF, accionista mayoritario, se opuso a esta ampliación que permite capitalizar deuda por acciones al argumentar que esta operación reduciría su poder accionarial, pasando del 54% al 37, una situación que complicaría la venta del crédito que posee del club.
La ampliación, que ya está en su segunda fase, convertirá al ex presidente José Sepulcre como máximo accionista de la entidad.
La sentencia a la reclamación del IVF está pendiente de hacerse pública y todas las partes esperan con expectación una resolución que puede modificar el mapa accionarial y facilitar la llegada de inversores, así como inyectar dinero de forma inmediata en las arcas del club.
El otro frente judicial abierto tiene que ver con el convenio de acreedores. En enero de 2017, el Elche aprobó un convenio que contemplaba una quita del 65% con dos años de carencia y a pagar en una década.
A finales de enero finaliza ese plazo de carencia por lo que el Elche debería comenzar a abonar a los seis millones resultantes tras la quita, pero el IVF y la Abogacía del Estado también presentaron un recurso tras alegar que el convenio no recogía el posible pago de 4,1 millones de euros de la sanción de Bruselas.
El club ilicitano también confía en conocer la sentencia lo antes posible para poder comenzar el calendario de pagos de con los acreedores ordinarios.
Por último, el club conoció recientemente que el juzgado de lo Mercantil de Elche declaró como fortuito el concurso de acreedores del Elche, lo que supone un alivio para los anteriores dirigentes y los pasados, aunque como precisa Diego García "la sentencia puede ser apelada por la Audiencia Provincial por el ministerio fiscal", lo que podría demorar de nuevo este proceso.