ELCHE. Compromís ha alertado este miércoles a las plataformas feministas del Vinalopó del incumplimiento "flagrante" de la ley del aborto, modificada el 2023, en los hospitales General y del Vinalopó. Ninguna mujer de la comarca que por la razón que sea ha querido interrumpir el embarazo se ha encontrado con posibilidad de hacerlo en un centro público.  

 A la reunión con las concejalas de Compromís de Alicante, Elche y Crevillent, y la diputada de Corts, Mònica Àlvaro,  han acudido la Coordinadora Feminista, los sindicatos UGT y CCOO, la asociación Mujeres Vecinales y la Asociación Feminista Isabel Alfonso Candela de Crevillent. La reunión ha versado sobre los incumplimientos de la reforma estatal de hace menos de dos años. Dicha reforma establece que las mujeres podrán elegir entre el aborto quirúrgico y el farmacológico, que tendrán que estar disponibles en todos los centros, y podrán hacerlo en la Sanidad Pública más próxima en su casa.  

La diputada a Las Cortes, Mònica Àlvaro, ha señalado con los datos de Sanidad en la mano que de los 514 abortos practicados en la comarca, ninguno de ellos se ha podido hacer en un espacio público, una situación que se repite prácticamente en toda la provincia "y que supone un claro agravio comparativo con las mujeres valencianas y castellonenses que sí pueden interrumpir el embarazo, tal y como marca la ley, en hospitales públicos".

Derivaciones a clínicas privadas  

La información desglosada muestra que en el departamento Elche-Crevillent, público pero de gestión privada, se derivaron 223 casos a clínicas privadas, de las cuales 164 interrupciones estuvieron financiadas con dinero público y 59 fueron interrupciones sin financiación pública. En el caso del Hospital General, íntegramente público, de las 291 personas que acudieron a la sanidad a ejercer sus derechos reproductivos, todas fueron derivadas en centros privados donde solo 210 personas pudieran abortar con ayuda pública.  

Esther Díez, portavoz en Elche, ha criticado que las mujeres ilicitanas no puedan acceder con garantía y plena información a sus derechos reproductivos. “Conocemos casos de personas que ante una decisión tan difícil como es abortar, no tienen prácticamente información de sus derechos y quedan abandonadas en procesos de derivación poco claros y nada ágiles. Nuestra tarea es poner luz sobre unas circunstancias que por su naturaleza tienden a ser ocultadas”, ha asegurado Díez.  

Díez, así como las regidoras de Crevillent y Alicante, Noemí Candela y Sara Llobell respectivamente, han anunciado la presentación de mociones en los ayuntamientos para que las alcaldías luchen por el cumplimiento de la ley estatal en los centros públicos de sus ciudades.  

“Estamos ante una situación muy complicada para muchas mujeres que se encuentran ante una difícil decisión y no las podemos dejar solas. Además de las mociones, diseñaremos actuaciones complementarias para hacer saber que en nuestras ciudades las mujeres no podemos ver cumplidos nuestros derechos reproductivos, no obtenemos la información suficiente y tampoco sabemos si el médico o médica que tenemos ante nosotras son contrarios por motivos religiosos a una interrupción del embarazo. Son los centros los que tienen que acompañar a la mujer”, ha aseverado Candela.