CNMC recomienda a RFEF no adjudicar derechos de Copa "por 4 o 5 temporadas"

VALÈNCIA. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado un informe en el que recomienda a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que en la comercialización de los derechos de televisión de la Copa del Rey "valore las ofertas de acuerdo a criterios objetivos y se reduzca la discrecionalidad de la RFEF" y que elimine la opción de "ofertar por cuatro y/o cinco temporadas.

El Real Decreto-ley 5/2015 de medidas urgentes sobre la comercialización de los derechos de contenidos audiovisuales exige a las comercializadoras solicitar a la CNMC un informe previo sobre las condiciones de comercialización propuestas, que es el emitido ahora.

La RFEF solicitó el informe sobre la explotación de contenidos audiovisuales en España y Andorra de la Copa del Rey "para las temporadas 2022/23, 2023/2024, 2024/25, y en su caso, 2025/26 y 2026/27".

Según la propia CNMC, entre las recomendaciones que ha hecho a la RFEF figura "garantizar un procedimiento de adjudicación competitivo, que permita la mayor participación posible de licitadores, dentro de distintos lotes y opciones".

También pide que se preserven "los principios de publicidad, transparencia, competitividad y no discriminación en el proceso de adjudicación de los derechos, de forma que las ofertas se valoren de acuerdo a criterios objetivos y se reduzca la discrecionalidad de la RFEF".

Asimismo, no se deben "incluir facultades, reservas o titularidad de derechos no atribuidos" por el mencionado Real Decreto-ley.

La CNMC recomienda igualmente a la federación "no imponer obligaciones comerciales relativas a las decisiones de publicidad de los adjudicatarios que resultan injustificadas y contrarias al principio de libertad de empresa", así como "establecer una duración de los contratos adecuada a los principios y a las normas de competencia, y, en consecuencia, eliminar la opción de que se pueda ofertar por cuatro y/o cinco temporadas".

De este modo, dice el informe, se favorecería "un régimen de mayor concurrencia" y los contratos se adaptarían a "una duración adecuada a los principios y normas de competencia".