VALÈNCIA. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD), órganos que van a decidir sobre posibles infracciones de la comisión gestora de la Federación Española de Fútbol (RFEF), fueron la antesala de la la suspensión de Ángel Villar y la inhabilitación de Luis Rubiales, anteriores presidentes federativos.
En el caso de Rubiales, que presidía el organismo desde mayo de 2018, el TAD le inhabilitó el pasado noviembre durante tres años, el mismo periodo de suspensión que le impuso previamente la FIFA. En ambos casos fue por su comportamiento en la final del Mundial femenino que España ganó el 20 de agosto en Sídney y el beso a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas, que investiga la Audiencia Nacional.
El tribunal abrió el 1 de septiembre el expediente que meses después cerró con sanción, una vez que el entonces presidente del CSD, Víctor Francos, formulara una petición razonada por posibles infracciones muy graves el 26 de agosto, fecha también en la que la FIFA suspendió temporalmente a Rubiales durante 90 días.
En contra del criterio del Gobierno, el tribunal no vio abuso de autoridad e inició el expediente por dos faltas graves, no muy graves y lo resolvió con su inhabilitación.
A diferencia de esa actuación, en 2022 y tras el inicio de la investigación judicial por supuestos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios en la RFEF, en relación con los contratos de la Supercopa, el CSD no se dirigió al TAD para solicitar la apertura un procedimiento.
Su presidente en aquel momento, José Manuel Franco, argumentó el principio de subordinación de la administración a la jurisdicción para no trasladar al TAD las denuncias contra Rubiales de Miguel Galán, presidente de CENAFE (Centro Nacional de Entrenadores).
En el caso de Ángel Villar, presidente de la RFEF desde 1988 hasta julio de 2017, el CSD sí pidió al TAD la apertura de un expediente por su imputación en la operación 'Soule', que investiga desvío de fondos federativos en un caso todavía por resolver en la Audiencia Nacional.
Un día después de la apertura del expediente por el tribunal, la Comisión Directiva del CSD, que presidía el popular José Ramón Lete, suspendió a Villar durante un año, pero el TAD no resolvió el citado expediente por estar en curso el procedimiento judicial. En mayo del año pasado el juez dio por cerrada la investigación de un caso con más de una veintena de investigados.
Ese mismo año, en el mes de diciembre, el TAD, a petición del CSD, abrió otro expediente a Villar y le destituyó por una falta muy grave, al entender que en el proceso electoral de 2017, vulneró el reglamento electoral de la RFEF por publicar su programa electoral cuando ejerciá como presidente de la comisión gestora.
Aquellas elecciones, culminadas con la reelección de Villar el 22 de mayo como candidato único para un octavo mandato, también hicieron que el TAD inhabilitara durante dos meses a 16 presidentes de federaciones territoriales por entender que habían vulnerado el deber de neutralidad por firmar una carta de apoyo a Villar.
El TAD, igual que ahora por una denuncia de Miguel Galán, resolvió en octubre de 2020 el expediente abierto a los responsables de las territoriales de Asturias, Cantabria, Cataluña, Ceuta, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Madrid,Melilla, Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Navarra y Canarias, algunos de ellos miembros de la actual gestora de la RFEF.
Paco Rocha, presidente entonces de la Federación Extremeña, y único candidato ahora a la presidencia de la Española tras haber presidido la comisión gestora, se libró de aquella sanción porque el tribunal consideró que el caso había prescrito para él al no haber recibido en tiempo la comunicación del inicio del procedimiento.
El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, anunció este martes en el Congreso que la Comisión Directiva de este va a estudiar la adopción de medidas tras la apertura por parte del TAD de un expediente sancionador a los miembros de la gestora de la RFEF, por posibles infracciones muy graves al extralimitarse en sus funciones, a denuncia de Miguel Galán.