VALÈNCIA. El Gobierno español ha tomado la decisión de intervenir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), algo que hará oficial este jueves tras la reunión de la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD), informan los diarios As y El País y la Cadena Ser.
El CSD ha convocado a su comisión directiva este jueves a las 11.00 con el fin de someter a votación si Pedro Rocha y la comisión gestora de la RFEF son suspendidos provisionalmente por falta muy grave tras haberse extralimitado en sus funciones.
Según dichos medios, el CSD lo hará "a través de una Comisión que se denominará de Normalización, Supervisión y Representación y que servirá de tránsito hasta que se celebren unas elecciones ordinarias después de los Juegos Olímpicos".
El pasado viernes, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, dijo a EFE que "está en juego la reputación, el prestigio y el buen nombre de España" y que "es impensable que el representante del fútbol español en la Eurocopa o los Juegos Olímpicos pudiera ser una persona investigada en una causa penal".
"Es impensable que el representante del fútbol español para la Eurocopa o para los Juegos Olímpicos pudiera ser una persona investigada en una causa penal y bajo sospecha del Tribunal Administrativo del Deporte por presuntas infracciones disciplinarias calificadas como muy graves", afirmó Uribes a EFE.
Uribes insistió en que España no puede permitirse "como país que esto suceda", después de la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte de abrir expediente disciplinario por haberse extralimitado en sus funciones presuntamente a todos los miembros de la comisión gestora de la RFEF, incluido Pedro Rocha.
La candidatura de Rocha, que había presidido la gestora hasta la convocatoria de las elecciones, fue la única proclamada como válida por la comisión electoral de la RFEF, a la espera de la resolución de posibles recursos.
Su proclamación el pasado día 12 coincidió con la decisión judicial de cambiar su condición de testigo a investigado en el procedimiento que investiga el juzgado de Instrucción número 4 de Madrid por posibles contratos irregulares de la RFEF durante los últimos cinco años, periodo que incluye la etapa en la que fue vicepresidente económico.