Un fallo judicial ha detectado "identificación" y "connivencia" entre el anterior gobierno del ayuntamiento de Riba-roja, encabezado por el Partido Popular, y el agente urbanizador del programa de actuación de Porxinos (PAI), Litoral del Este
VALENCIA. Un fallo judicial ha detectado "identificación" y "connivencia" entre el anterior gobierno del ayuntamiento de Riba-roja, encabezado por el Partido Popular, y el agente urbanizador del programa de actuación de Porxinos (PAI), Litoral del Este, según informó hoy el consistorio de la localidad.
Litoral del Este fue la empresa constituida por el Valencia CF para construir 2.800 chalés, una ciudad deportiva y un campo de fútbol tras la "reclasificación de 1'6 millones de metros cuadrados en el término municipal de Riba-roja".
Según el ayuntamiento, el auto del juzgado número 2 de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana señala que este consistorio, gobernado entonces por Francisco Tarazona, del PP, y la empresa promotora del PAI actuaron con una total "identificación".
Al respecto, los magistrados recuerdan en el auto que en las causas judiciales el consistorio alude al promotor "como mi mandante" y se refiere al ayuntamiento en tercera persona.
La sentencia ha surgido tras el litigio iniciado por la empresa Servihabitat XXI en contra del ayuntamiento de Riba-roja por la aprobación del proyecto de reparcelación de 1'2 millones de metros cuadrados en los que se asentaba el programa urbanístico de Porxinos, que fue anulado por un fallo del Tribunal Supremo.
La parte demandante comenzó el litigio al entender que el agente urbanizador no debía repercutir entre los propietarios de terrenos en el PAI de Porxinos el valor del suelo no urbanizable donado al ayuntamiento, al entender que la cesión era voluntaria y no obligada por ley.
La sentencia del juzgado contencioso-administrativo desestima la demanda de la empresa privada y le impone las costas económicas de juicio tras destacar que la cesión de los terrenos al ayuntamiento como compensación era "obligatoria" al superar el 35 por ciento de la edificabilidad bruta y, por ello, repercutible sobre los propietarios de terrenos.
El actual equipo de Gobierno de Riba-roja de Túria ha expresado su "satisfacción" por la desestimación de la demanda y señala que ya avisaron de que traería "numerosos problemas urbanísticos y jurídicos para las arcas municipales", tal y como ha sido.
Se han destinado cuantiosas cantidades a sufragar nuestra defensa jurídica y ahora corremos el riesgo de posibles indemnizaciones", señalan fuentes del actual equipo de Gobierno.
El ejecutivo local ha añadido que ahora una sentencia judicial avala lo que en su día ya advirtieron en cuanto a la "connivencia entre el ayuntamiento gobernado por el Partido Popular y el agente urbanizador" en el diseño y la tramitación del plan urbanístico.
"El gobierno anterior actuó en defensa de los intereses privados de la citada mercantil en detrimento del beneficio general de todos los vecinos", señalan.