VALÈNCIA. Tomás González Cueto, el abogado investigado por las posibles irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el periodo de la presidencia de Luis Rubiales y que fue Comisionado de Control Externo, asguró al juez que no facturó por partida doble a la federación por sus labores de asesoramiento legal ya que lo abonado a su despacho GC Legal era independiente de su labor de comisionado.
Así consta en un escrito de su defensa, presentado a la titular en el que Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, al que tuvo acceso Europa Press. En el mismo, se recuerda que la relación de González Cueto con la RFEF se remonta a mayo de 2018, cuando el despacho de este abogado y la Federación firmaron un contrato de arrendamiento de servicios profesionales.
Sostiene que en los 6 años de relación contractual entre GC Legal y la RFEF el despacho de González Cueto "ha participado en numerosos asuntos donde se debatían cuestiones muy sofisticadas", tanto en lo que respecta al asesoramiento, como en el ámbito procesal.
Y recalca que no "existía un solapamiento" entre las funciones desarrolladas por la Asesoría Jurídica de la RFEF y la labor de asesoramiento y procesal de GC Legal, que no entraba en las cuestiones deportivas propias de la actividad de la federación ni en la gestión ordinaria, lo que correspondía a su Asesoría Jurídica.
Suma a esto que GC Legal no fue el único despacho que se subcontrató, ya que la federación echó mano de "numerosos despachos de abogados para llevar a cabo toda una serie de actuaciones de asesoramiento jurídico y litigación procesal en las que no intervinieron en modo alguno ni González Cueto ni su despacho profesional".
El escrito entra a analizar también la labor de este abogado como Comisionado Externo, y subraya que esa labor paralela "buscaba reforzar la transparencia de la RFEF y desarrollar el sistema de compliance" officer. Destaca que desde 2019 hasta 2024, González Cueto emitió un total de 889 informes.
En paralelo a esa labor, por la que asegura que el abogado cobró aproximadamente 240.000 euros anuales --sueldo que dice estar en línea con otros de la RFEF--, el escrito aborda la labor del despacho GC Legal y subraya que "la dedicación fue tal que incluso llegaron a emplearse hasta 11 abogados simultáneamente para cubrir los servicios profesionales". "Naturalmente los salarios de estos socios y asociados de GC Legal eran retribuidos por la propia CG Legal", advierte.
Y añade que el gran número de procedimientos judiciales llevados tanto por González Cueto como por el resto de abogados de GC Legal que prestaron sus servicios para la RFEF "lo fueron como parte pasiva, es decir, como demandados o querellados".
Al hilo, el escrito recalca que los litigios y la labor desarrollada por abogados de GC Legal "se facturaba independiente en facturas emitidas mensualmente" a raíz de que la Federación comenzó a ser demandada reiteradamente.
"Estos servicios no cubiertos por el contrato entre GC Legal y la RFEF se facturaban mensualmente, fijándose siempre unos honorarios extraordinariamente moderados o bajos, atendiendo a la relación estable con la RFEF que venía determinada por la facturación fija mensual", matiza.
La defensa de González Cueto entra a analizar la labor del despacho GC Legal en el asesoramiento para la firma del contrato que hizo posible que la Supercopa de España se disputara en Arabia Saudí.
En este sentido, indica que el despacho participó "en el asesoramiento en la redacción de los contratos de la RFEF con SELA" --empresa pública saudí-- dado que el ente federativo "carecía de expertos en contratación internacional".
Así, asegura, se solicitó al despacho de González Cueto "asistencia en la confección de la documentación contractual, que se prestó a través de una de las socias, Raquel Serrano. Y destaca que esa labor "fue exclusivamente técnica, plasmando las condiciones contractuales acordadas por las partes".
Al hilo, explica que ese primer contrato con SELA (no así la adenda posterior de 2020) no fue objeto de un informe expreso y formal por parte de González Cueto como Comisionado de Control Externo. No obstante, añade, su socia de Contratación Mercantil participó en el asesoramiento y González Cueto estuvo informado en el día a día de todo "no apreciándose ninguna irregularidad".
En este sentido, recuerda que la socia de GC Legal que asesoró en ese contrato solicitó un informe al compliance officer de la RFEF, Javier Puyol Montero, y destaca que ese informe daba cuenta de "la plena legalidad jurídica y económica del contrato suscrito con SELA para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
"No existe evidencia alguna que determine en el presente caso la posible existencia de conflicto de interés con relación a la suscripción, el otorgamiento y la ejecución de dicho contrato", recuerda sobre ese informe, del que también destaca que en sus conclusiones contemplaba que "no existe ni el cobro, ni tampoco el pago de comisiones (legales o ilegales) por parte de la RFEF en el contrato suscrito (...) en favor de la empresa Kosmos Global Holding S.L." --empresa del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué--.
Suma a todo esto que existió un informe favorable del Comité de Ética de la RFEF con relación a la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, que rezaba que la propuesta de las condiciones técnicas y económicas por parte de SELA en el contrato eran "ajustadas siempre a derecho y a los condicionamientos éticos que deben presidir la suscripción del indicado contrato".