VALÈNCIA. La Actuación Territorial Estratégica (ATE) que la Generalitat Valenciana concedió al Valencia para facilitar la construcción del Nuevo Mestalla y la venta de las parcelas del actual encara el periodo de prórroga concedido por el primer estado de alarma por el COVID 19 tras haberse incumplido y pendiente de un futuro que va desde la ampliación que ha solicitado al club, a la ejecución subsidiaria o la caducidad.
El 15 de mayo de 2015 -te sábado hace seis años-, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el anuncio de la aprobación del acuerdo que el Consell había adoptado tres años antes. La ATE, que formalmente arrancaba a los 15 días de esa publicación, tiene 10 años de duración pero incluye una serie de plazos intermedios.
A los seis años, que se cumplirían por tanto a final de mayo y que por el coronavirus pasan a tener fecha límite el final del mes de agosto, debía estar acabado el Nuevo Mestalla, cuyas obras llevan más de doce años paradas.
Igualmente, en este plazo se debía haber construido el pabellón que previo a este acuerdo urbanístico el club se comprometió a construir en el barrio de Benicalap, entre otros hitos. Según el plan inicial sería ahora cuando se demolería el actual estadio y se pasaría a la fase de urbanización de esta zona.
Entre las condiciones que publicó aquel BOP número 91 estaba el “incumplimiento por el promotor de las condiciones y plazos de ejecución estipulados en la presente Resolución y el Convenio determinará su sustitución, o la caducidad de la ATE, con incautación de las garantías prestadas, previa audiencia al interesado”.
Asimismo, establecía que “la declaración de caducidad conllevará la reversión, retroacción y reposición de bienes, actuaciones y obras, así como, en su caso, la derogación de previsiones del planeamiento, en los términos que resuelva la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente”.
Para el Valencia la caducidad de la ATE puede suponer la pérdida de cerca de cuarenta mil metros cuadrados y un impacto económico que puede rondar los quince millones de euros.
Llegados a este aniversario de la publicación e incumplidos de facto los plazos, la Generalitat debe decidir en los próximos meses el futuro de la ATE.
El club presentó hace unas semanas un plan para prolongarla cinco años, de 2025 a 2030, con el compromiso de empezar en enero de 2022 el polideportivo y retomar las obras del estadio en 2024 para acabarlo en 2026.
El conseller Arcadi España calificó de “bastante flojo” el plan presentado por el Valencia y aseguró que no pasaba de una mera “declaración de intenciones”.
Por otra parte, desde el Ayuntamiento de València, la vicealcaldesa Sandra Gómez ha insistido en la necesidad de obligar al club a presentar un aval por el precio estipulado de las obras que quedan por realizar para abordar esa prolongación. También el vicealcalde Sergi Campillo pidió algún “documento firme” que confirme la intención del club.
En cambio, desde algunas de las plataformas de oposición a la gestión de Peter Lim como máximo accionista del club se ha instado a las administraciones a sustituir al Valencia como promotor para finalizar el estadio y han advertido de que puede haber consecuencias legales si no se declara incumplida al finalizar este plazo.