El club de Mestalla está obligado a pagar antes del sábado 23,4 millones de euros al IVF o como alternativa bloquear esa cantidad en una cuenta en Bruselas a nombre del IVF. El Valencia CF pelea por conseguir medidas cautelares y no pagar hasta que haya sentencia firme a su recurso
VALENCIA. Esta semana que comienza será importante para el Valencia CF en lo deportivo, porque afronta dos jornadas de Liga básicas para remontar el vuelo en la competición doméstica con sendas visitas a Galicia, Deportivo y Celta, pero es más importante si cabe en lo económico porque el club se juega 23,4 millones que debería pagar al contado al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), si no consigue las medidas cautelares que ha solicitado ante los tribunales.
Bruselas comunicó al club valencianista a mediados de agosto, el día 12, que la investigación que había llevado a cabo la comisaria Margrethe Vestager se resolvía con una ayuda de estado por la que el Valencia CF debía abonar 23,4 millones de euros al IVF en concepto de intereses no abonados en su día. Vestager afirmó en su informe que el Valencia CF se había aprovechado de la Fundación VCF para obtener un aval al 0,5% de interés cuando ese interés debía haber sido del 6%.
Desde ese 12 de agosto el Valencia CF comenzó una 'batalla legal' contra la Comisión Europea al entender como injusta la exigencia de Europa. "Usura" fue la palabra que utilizó para definir la exigencia de Europa la presidenta del Valencia CF, Lyahoon, la pasada semana en un almuerzo informativo con los medios de comunicación. Lyahoon se está encargando de llevar este asunto en primera persona y para tratar de encontrar una solución sabe que necesita el apoyo indispensable del Gobierno Valenciano.
Este domingo, 30 de octubre, la presidenta valencianista se citó con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para almorzar en Morella, el pueblo del máximo representante político valenciano. Allí, compartieron mesa y mantel para seguir acercando posturas respecto a la problemática que a ambos les atañe en esta historia. El Valencia CF porque debe pagar y el Gobierno Valenciano porque es el que debe cobrar ese dinero al club valencianista.
La reunión fue valorada como muy positiva por ambas partes. Puig le transmitió a Lay Hoon Chan la predisposición total del actual Gobierno Valenciano a colaborar con la entidad valencianista, para tratar de minimizar al máximo la sanción que exige Bruselas a la mercantil gestionada por Meriton Holdings. Desde el Palau de la Generalitat entienden que lo exigido por la Unión Europea es injusto y desproporcionado pero entienden que sólo los tribunales pueden darle la razón al club de Mestalla.
El Gobierno Valenciano apoyará la petición de medidas cautelares que ha solicitado el Valencia CF, para no pagar hasta que no haya una sentencia en firme, dentro de dos o tres años, y eso es un gran apoyo para el club valencianista porque el 'cobrador' ante el juez afirmará estar de acuerdo en no cobrar hasta que no se resuelva el caso en los juzgados. El Valencia CF espera obtener a lo largo de esta semana la respuesta sobre la cautelar para no pagar el próximo sábado.
Además, Ximo Puig le aseguró a la presidenta del club valencianista, Layhoon, que el gabinete jurídico del Consell está estudiando la manera de unirse al recurso presentado por el Valencia CF para apoyar al club en su lucha por demostrar ante los tribunales que el tipo de interés que se le quiere aplicar desde Bruselas no es el correcto. Es decir, el Gobierno Valenciano está por la labor de apoyar a la entidad valencianista en todos los procesos judiciales que tiene iniciados con Bruselas al entender que la Comisión Europea se ha excedido con la sanción.
La semana será larga y de tensión para el Valencia CF que conocerá durante los próximos días si obtiene la cautelar y no paga o si por el contrario se le exige el pago en efectivo o bloqueando el dinero. Sea como sea, Meriton no quiere pagar esa altísima cantidad, 23,4 millones, en efectivo y trabaja con sus abogados para que le sea aceptado un aval inmobiliario en caso de que se les obligue a pagar.
El espíritu político es apoyar al máximo al Valencia CF y para ello están dispuestos a declarar ante los juzgados que no quieren cobrar hasta que haya sentencia definitiva. Además, de estar preparando la manera de unirse al recurso para expresar su opinión totalmente contraria a la sanción exigida por Bruselas a una de las principales empresas de la Comunidad Valenciana. Ahora, todo está en manos de los tribunales.