VALÈNCIA. La jueza encargada del caso Oikos, de presuntos amaños en el fútbol profesional español, se ha dirigido a la fiscalía para que aclare de forma urgente si tiene previsto solicitar una nueva prórroga del caso, casi cuatro años después de salir a la luz las investigaciones con la detención, entre otros, del expresidente del club de fútbol del Huesca y de varios jugadores y exjugadores profesionales.
A punto de expirar la última prórroga acordada, el próximo 23 de enero, la instructora se limita a urgir al ministerio público a expresar su posición respecto a la posibilidad de continuar con la instrucción, a la espera de un nuevo informe aclaratorio de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y de una pericial sobre las obras del estadio de El Alcoraz de Huesca y las supuestas facturas falsas emitidas para financiar los presuntos amaños investigados.
En relación a esta última prueba pericial, el letrado de la empresa que ejecutó las obras, Pryobras, y del gerente de la misma, Jesús Sanagustín, ha remitido un escrito de alegaciones en el que se muestra muy crítico con los pasos dados para la designación de un perito, que, a su juicio, evidencian un "anormal funcionamiento" de la administración en general.
En este escrito, al que ha tenido acceso Efe, este letrado, el abogado oscense Ricardo Orús, responsabiliza de la larga demora de más de seis meses acumulados a la espera de un dictamen pericial a las reglas económicas instauradas por la administración aragonesa para el establecimiento de unos honorarios que califica de "paupérrimos" y que, añade, "lo único que consiguen es que los peritos honestos que deseen hacer bien su trabajo lo rechacen porque no compensan su labor".
Responsabiliza, además, a la administración de justicia de permitir que el perito que fue finalmente designado demorara más de medio año su informe antes de renunciar, "sin exigirle que cumpla con su labor ni averiguar durante estos meses la causa de la demora".
El letrado sitúa como "víctimas" de esta situación, a sus cliente, a la "confianza" en la justicia, los derechos constitucionales y, subraya, "la pena de banquillo que los investigados están sufriendo por culpa de un mal funcionamiento de las estructuras del Estado".
Orús considera, además, innecesaria la prueba pericial solicitada tras la declaración hecha en marzo de 2021 por el director de la obra de remodelación del campo, que entregó el certificado del final de la obra, y en el escrito que presentó tres días después, con imágenes y vídeos que muestran a los trabajadores de Pryobras llevando a cabo los trabajos negados por la fiscalía y la acusación representada por la Liga de Fútbol Profesional.
Por esta razón, el letrado insta a la magistrada a dejar sin efecto el nombramiento de un perito judicial "dada la imposibilidad de que sea pericia sea ejecutada de manera objetiva, honesta y científica" a causa de unos honorarios que han llevado finalmente al perito a renunciar a su labor, así como a analizar si las pruebas presentadas por el director de obras son suficientes para aclarar el caso.
Además, solicita sobreseer la causa con carácter definitivo al entender que "este procedimiento, cuanto más avanza, más se evidencia que fue un montaje policial".
En el caso Oikos se llegaron a sumar 59 investigados, dos de ellos personas jurídicas, a los que se les imputan hechos punibles de distinta naturaleza (estafa, corrupción entre particulares y en relación con el deporte, falsedad documental, apropiación indebida o administración desleal).
El pasado mes de septiembre, la instructora acordó sobreseer, en contra del parecer de la fiscalía, la instrucción en relación al exdirector médico del Club Deportivo Huesca Juan Carlos Galindo, así como respecto a 24 jugadores de la plantilla del Reus en 2017, investigados por el supuesto cobro de primas ilegales por parte del equipo oscense para que vencieran al Valladolid y poder acceder así a Primera División.