VALÈNCIA. La polémica aprobación por parte del patronato de la Fundación del Valencia CF de la venta del 70% de las acciones del club que poseía a Meriton, la empresa del empresario Peter Lim, cumple diez años este miércoles.
El 31 de julio de 2014, tras una reunión de cinco horas en Mestalla, el patronato de la Fundación aprobó por diecisiete votos a favor y dos en contra la venta a Lim de ese paquete accionarial. Lo hizo pese a que asumió, por medio de su entonces presidente Aurelio Martínez, que la oferta había variado sustancialmente sobre la propuesta inicial y a la espera de un acuerdo entre Meriton y Bankia, principal acreedor del club. En octubre se cerró la venta definitiva de ese paquete accionarial a Lim.
El 22 de mayo de aquel año los patronos habían elegido la oferta de Lim por delante del resto que se presentaron pero el 3 de julio tres patronos, Eva Turanzo, María Isabel Farinós y Juan Mercé, dimitieron de manera irrevocable por divergencias con la manera en la que se llevaba a cabo el proceso. Unos meses antes ya lo había hecho el entonces vicepresidente de la Fundación Antonio Paños.
En su comparecencia posterior a la votación del 31 de julio, Martínez reconoció que entre la propuesta de mayo y la aprobada aquel día existían "muchas divergencias" y que no eran "comparables" por ser "cosas diferentes" pero destacó que la auditora Price Waterhouse Cooper les explicó que estaban "todas las líneas rojas que debían estar".
En mayo, Martínez había asegurado que Lim daría dos años para encontrar un comprador de las parcelas del actual Mestalla y que si no había ninguna oferta por más de 150 millones de euros las compraría él, algo que nunca sucedió.
Según desgranó aquel 31 de julio el presidente del Patronato, existía un compromiso de acabar el nuevo estadio antes de marzo de 2019, aunque en la redacción literal del contrato, según se supo después, el compromiso era de procurar que el Valencia finalizara el Nou Mestalla.
Las obras siguen actualmente paradas aunque el club se ha comprometido a retomarlas en seis meses tras recibir recientemente la licencia de obras para hacerlo y haber aprobado el Pleno del Ayuntamiento las fichas urbanísticas que le aseguran los beneficios que le concedía la Actuación Territorial Estratégica que amparaba el proyecto y que fue caducada en 2022 por los incumplimientos del club como promotor.
La Fundación, según se estableció aquel 31 de julio de 2014, sí recibía los 100 millones pactados, 94 por las acciones y seis para su actividad, pero el préstamo de Lim que inicialmente era participativo y capitalizable, de 200 millones a un cero por ciento de interés, pasaría a ser un préstamo "de socio", de cien millones y a un dos por ciento de interés.
Las contigencias que quedaban por cerrar era el acuerdo entre Lim y Bankia por el pago de la deuda, la manera en la que el club y el banco finiquitarían Newcoval, una empresa que compartían, así como la investigación de la UE sobre unas posibles ayudas irregulares por parte de la Generalitat así como las posibles implicaciones de la nulidad del PAI de Ribarroja que impulsó el club.
Aquel día, Martínez explicó que uno de los votos contrarios fue el del representante del Ayuntamiento de la ciudad que se opuso al acuerdo por no estar de acuerdo "con la redacción del articulado, sobre todo de su traducción" al castellano.
El patrono del consistorio, Cristobal Grau, apuntó que el contrato no recogía la deuda del club con la ciudad mientras que el portavoz de la Generalitat, Juan Carlos Moragues, abundó en que el voto contrario municipal lo fue por cuestiones relativas a la permuta de solares y a la construcción del nuevo estadio.
Respecto al voto contrario de Miguel Bailach como representante de la Diputación, el entonces presidente de la institución Alfondo Rus había apuntado el día antes, según recordó Moragues, que era "una insensatez vender el Valencia por 20 millones de euros" y que un club de fútbol no se compra "por telegrama o correo electrónico".
Este año, en el mes de abril el juzgado de Primera Instancia 22 de Valencia desestimó una demanda contra Martínez y el entonces presidente del club Amadeo Salvo por daños económicos y morales como impulsores y defensores de aquel proceso pero el juez entendió que no quedó probado que engañaran o coaccionaran el resto de patronos y apuntó que en cualquier caso la responsabilidad sería de todos los patronos.