ALICANTE. Entre los gastos "necesarios para garantizar la viabilidad del club" (en palabras de este) abonados la temporada pasada con cargo a los 2.000.000 euros de la cláusula del futbolista Ez Abde se encuentra la provisión de fondos solicitada por el perito del 'caso Rico Pérez'.
Entre los meses de noviembre y diciembre de 2021, entre los pagos que el Hércules realizó con cargo a ese dinero que era puesto a su disposición de manera gradual por la Fundación, una operativa objeto hoy de investigación penal dentro de la instrucción de la querella por alzamiento de bienes contra el club, su fundación y varios consejeros y patronos ((Diligencias Previas 986/2022 que se siguen en el Juzgado de lo Penal número 9 de Alicante), se encuentra una transferencia por importe de 12.100 euros a favor del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, cuyo titular conoce del incidente concursal 438/2017, en el que se viene a discutir si el arrendamiento del estadio Rico Pérez suscrito en 2007 entre Aligestión Integral y el Hércules es o no hoy papel mojado.
La transferencia se emitió el 10 de diciembre y su concepto es claro: "Provisión de fondos solicitada por el perito Guillermo Villena y aprobada por el Juzgado por decreto de 29 noviembre en incidente 438/2017". Villena es un perito judicial, es decir, fue designado por el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, pero sus honorarios han de correr a cargo del Hércules porque su nombramiento se hizo a petición suya: el club entiende que para el caso de ser estimada la demanda interpuesta por el administrador concursal de Aligestión, rescindirse el mencionado contrato de arrendamiento, debe ser indemnizado y para ello es necesario cuantificar esa hipotética compensación.
El caso es que el pago de los citados 12.100 euros, como los 480.000 abonados a la Agencia Tributaria u otros desembolsos en concepto de nóminas, seguros sociales, liquidaciones del Impuesto del Valor Añadido, del Impuesto de la Renta o del Impuesto de Sociedades, se realizaron por medio de la disposición de los 34 cheques bancarios en los que la Fundación troceó en septiembre los 2.000.000 euros ingresados en concepto de pago de su cláusula de rescisión por parte de Abde pese a que, como contó Alicante Plaza la semana pasada, habían sido embargados por el fisco: la Agencia Tributaria emitió una orden de embargo el 23 de noviembre que le fue expresamente notificada al Hércules, concretamente al consejero delegado Carlos Parodi, dos días después. Fue en el transcurso de una reunión solicitada por este para entablar una nueva negociación con la que reordenar el pago de la deuda histórica de la entidad, en situación irregular desde 2017 y que precisamente se encuentra detrás de la mencionada anteriormente querella (la Fiscalía entiende que con el endoso a la Fundación del cheque bancario librado por el Barça por Abde y el posterior troceo del importe del mismo en otros 34 cheques bancarios, se buscaba ocultar ese dinero y esquivar los embargos de la Agencia Tributaria con los que esta trata de saldar -sin suerte- la deuda histórica del club).
Por lo que se refiere al 'caso Rico Pérez', las partes continúan esperando que el magistrado las cite para la vistilla en la que resolver la recusación del citado perito judicial (este ha hecho su trabajo, pero tampoco ha girado la factura correspondiente), formulada en su momento por el administrador concursal de Aligestión y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). A esa recusación se opuso tanto el propio perito como el Hércules,pese a que no está de acuerdo con el importe de 8.000.000 euros que el informe pericial fija como hipotética compensación para él.
Precisamente, el que trascendiera la existencia de una querella por presunto alzamiento de bienes contra el club llevó al IVF a paralizar la negociación que mantenía con él para llegar a un acuerdo extrajudicial sobre los usos del Rico Pérez.