ALICANTE. El presidente del Hércules, Quique Hernández, advertía en junio de que el consejo se vería obligado a solicitar la liquidación voluntaria (lo que realmente se solicita es la disolución, siendo la liquidación una fase de la misma) si avanzaba el proceso de ejecución de la Decisión de Recuperación por la que la Comisión Europea le reclama al club el pago de siete millones de euros.
Finalmente, la sangre no llegó al río gracias a la ya famosa suspensión cautelarísima de dicho procedimiento, acordada mediante auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 5 de julio (el Hércules tuvo conocimiento del sentido del mismo un día antes), pero estamos ante un parche temporal toda vez que, como ese fallo deja claro, en el momento en que el Tribunal de Justicia resuelva el procedimiento de medidas provisionales o el recurso de casación se levantará la suspensión (en el peor de los casos) o se confirmará (sería la mejor noticia, mientras el Tribunal de Primera Instancia -el Tribunal General- no se pronuncie sobre la demanda de nulidad).
