ALICANTE. La primera de las dos sesiones del juicio por el 'caso Abde', en el que se juzga a la cúpula del Hércules y a este y a su Fundación como personas jurídicas por la comisión de un delito de alzamiento de bienes agravado a cuenta de los hechos que siguieron al 'traspaso' de Ez Abde al Barça, estuvo marcada por el interrogatorio que llevó a cabo la Fiscalía al presidente del club Carlos Parodi.

Con voluntad o sin ella, el fiscal Martín López y el máximo mandatario de la entidad del Rico Pérez hicieron ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, durante hora y media, un repaso más que detallado a todo lo acontecido entre finales de 2021 y principios de 2022 que ha llevado precisamente a Parodi, pero también a Valentín Botella, José León y José María Caruana a sentarse en el banquillo de los acusados y enfrentarse a una petición de penas de prisión, bajo la acusación de regatear el pago a la Agencia Tributaria (AEAT) de la deuda en situación irregular que se mantenía con ella (hoy está saldada), no obstante contar con los dos millones de euros que abonó Abde para comprar su libertad en agosto de 2021. 

El convenio que regía las relaciones entre el Hércules y la Fundación, las dos modificaciones posteriores que se hicieron del mismo y, especialmente, el contrato de depósito que firmaron ambos entes para que el club dispusiera del dinero abonado por Abde (tras el endoso a la Fundación del cheque librado por este) ocuparon la primera parte de un interrogatorio que fiscal y acusado demostraron haber preparado (cada uno por su lado) a conciencia. También en ese 'round', el primero puso el acento en que el futbolista contaba con contrato profesional (y licencia del primer equipo) en el momento en que era traspasado o que Parodi era consejero y patrono al mismo tiempo, dejando entrever cómo (siempre en opinión del acusador público) se podía haber llegado a consensuar esa solución que en palabras del presidente del Hércules buscaba asegurar la supervivencia de la entidad, que esta pudiera cumplir con sus obligaciones pese a competir su primer equipo en Segunda Federación y eludir con ello una más que presumible desaparición. 

La segunda parte del interrogatorio se centró en el proceder del club ante Caja Rural Central, la entidad depositaria de cheque bancario y que participó de la operativa de troceo del mismo. Vaya, que por qué se optó por usar una cuenta de la Fundación sin actividad y, paralelamente, se abrió otra a nombre del club a través de la que se articulaban los pagos con cargo a los ya famosos 34 cheques (33 de 60.000 euros de importe y un último por 15.770), cuando ya tenía una en el Banco Sabadell a la que, casualmente, llegaban periódicamente los embargos de Hacienda por la deuda vencida y exigible.