Sanción UE, Porxinos y nuevo estadio, temas pendientes del Valencia para 2018
Mientras que en el aspecto deportivo el club blanquinegro ha asentado unos cimientos sólidos, en los asuntos extradeportivos tiene varias cuentas pendientes
28/12/2017 -
VALÈNCIA. El Valencia dejará atrás 2017 con la sensación de haber dado un paso adelante en su consolidación estructural como club pero con varios asuntos de importancia pendientes, entre ellos la resolución de la sanción de la UE, el asunto Porxinos y las obras paralizadas de su nuevo estadio.
Si en el aspecto deportivo el Valencia parece haber asentado unos cimientos solidos después de dos años de zozobra y sin cumplir objetivos, en el apartado de asuntos extradeportivos la entidad tiene abiertos varios frentes con un futuro incierto. Estos tres casos fueron heredados por la actual propiedad de la entidad y en el del estadio durante 2017 se produjo un desbloqueo al inmovilismo de los últimos años desde que en 2009 se paralizasen las obras iniciadas a 2007.
El Valencia anunció el 3 de octubre el comienzo, junto con el ayuntamiento de València, del proceso de tramitación de las licencias necesarias para la finalización del nuevo Mestalla. Cinco días antes de aquel anuncio el presidente del club, Anil Murthy, se reunió con el alcalde Joan Ribó, para comunicarle que la entidad respetaría sus obligaciones respecto a los plazos estipulados en la Actuación Territorial Estratégica (ATE). En esos plazos se estipula que el Valencia deberá acabar el nuevo estadio antes de mayo de 2021 y, además, se compromete a derribar el viejo Mestalla como fecha límite en 2023.
En el caso del fracasado intento de construcción de una nueva ciudad deportiva en la partida de Porxinos, en Riba-roja del Túria, la empresa Litoral del Este, promotora del proyecto por parte del club, acometió un proceso judicial contra el ayuntamiento de esta localidad en el que le solicitaba veinticinco millones de euros. En una comparecencia en diciembre ante los medios, el director general de la entidad, Mateu Alemany, indicó que el Valencia tenía previsto modificar la estrategia judicial desarrollada hasta la fecha para la reclamación de esa cantidad al considerar que tras el fallido PAI de Porxinos hubo un perjuicio para el club.
Todo este contencioso se remonta a 2005, cuando el Valencia, a través de Litoral del Este, promovió un plan de actuación integrada (PAI) para construir 2.700 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva sobre un área de 1'2 millones de metros. Sin embargo, tras muchos problemas en el camino, en abril de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSCV) declaró nulo el PAI de Porxinos y en junio de 2015 el Tribunal Supremo ratificaba esta anulación.
Además, en el horizonte valencianista también se encuentra la sanción de 23,3 millones de euros que le impuso la Unión Europea (UE) al club, que fue dada a conocer en julio de 2016 y que actualmente está suspendida cautelarmente. El año 2016 concluyó con la decisión del la Unión Europea de aceptar las argumentaciones legales del Valencia y suspender de momento el pago de la sanción impuesta por una presunta ayuda del estado al club. A lo largo de 2017 no se han producido novedades.
El objetivo último del Valencia es que esta suspensión cautelar pase a ser definitiva para evitar abonar cantidad alguna, al considerar que en ningún caso recibió ayudas estatales. Pese a ello, tanto en 2016 como en 2017 el club ha aprovisionado 23,3 millones de euros en su presupuesto ante la posibilidad de tener que abonar la cantidad reclamada por la Comisión.
