VALENCIA. La llegada de Juan Soler al Valencia CF en el año 2005, auspiciado por el gobierno valenciano, supuso que el club de Mestalla, exitoso en el césped, se volcará en el aspecto inmobiliario. En plena ebullición del mercado y con la burbuja en pleno crecimiento el club vio un gran negocio.
Así nació el 'pelotazo' de Porxinos -son palabras de Juan Soler-. El Valencia CF compró suelo agrícola en la localidad de Ribarroja que luego fue recalificado y convertido en suelo urbanizable. La llegada de la ciudad deportiva del club de Mestalla a la localidad valenciana, además, aumentó exponencialmente el valor de las urbanizaciones que allí se construirían.
La entidad valencianista vendió esos terrenos a la inmobiliaria Nozar por valor de 160 millones de euros, de los que en el club quedaron más de 80 netos, en una operación encabezada por el entonces vicepresidente Vicente Soriano y que dejó grandes beneficios en la entidad que fueron dilapidados por Juan Soler.
Años después y tras la lucha de la plataforma ecologista Salvem Porxinos el PAI fue anulado y empezó todo el problema para el club de Mestalla generando un conflicto jurídico entre varios actores que ha sudo un auténtico quebradero de cabeza para los dirigentes valencianistas.
En el año 2014, con la venta del Valencia CF a punto de hacerse, Peter Lim puso como garantía una solución a la contingencia de Porxinos, algo que negoció en persona Amadeo Salvo. El ex presidente del club de Mestalla alcanzó un acuerdo con los bancos propietarios del suelo -se lo quedaron tras el concurso de acreedores de la inmobiliaria Nozar- y el consistorio para aparcar el pago de indemnizaciones pese a que el Supremo todavía no había dictado sentencia.
El acuerdo tenía dos partes. El primer acuerdo era con los bancos que ahora son propiedad del suelo de Porxinos tras el concurso de acreedores de Nozar. Tras las negociaciones mantenidas por el ex presidente del club de Mestalla, la indemnización que debía pagar el Valencia CF si finalmente no se hacía el PAI era de 20,9 millones y había un plazo de cinco años. Es decir, si el 1 de diciembre de 2019 no hay PAI en Ribarroja, el Valencia CF tendrá que pagar 20,9 millones a los bancos como indemnización.
Y por otro lado, Salvo llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento en el que se comprometió a no reclamar ninguna cantidad económica -el Valencia CF había pagado más de 20 millones a Ribarroja- si se aprobaba un nuevo PAI que solventara los problemas que tenía el anterior, anulado por los tribunales.
La jugada parecía perfecta. El Ayuntamiento se había comprometido a tramitar un nuevo PAI que sería aprobado y, como esto sucedía, el Valencia CF quedaría liberado de su compromiso de pago y en caso de que no se hiciera el PAI, el Ayuntamiento debería pagar al Valencia CF 20 millones que el club pagaría a los bancos.
Pero las elecciones de 2015 generaron un cambio de gobierno tanto en Ribarroja como en el Consell, lo que supuso un duro revés a las previsiones de la entidad ya que el consistorio quedó en manos de Robert Raga, que siempre se mostró contrario al PAI planteado por el PP.
Y es aquí donde entra en conflicto la visión del club con la del Ayuntamiento ya que ambas partes difieren en un detalle del acuerdo alcanzado años atrás entre Salvo -que ya no está en el Valencia CF- y Tarazona -que ya no está en el Ayuntamiento-. Según el club de Mestalla, el acuerdo para no reclamar la indemnización trataba de aprobar el PAI mientras que en el Ayuntamiento insisten en que ellos debían tramitar la solicitud.
Así pues, el Valencia CF presentó un nuevo PAI en 2016 y el Ayuntamiento lo tramitó para que la Generalitat lo aprobara, pero fue el Consell quien 'tumbó' la propuesta valencianista. El club entiende que Ribarroja no ha cumplido y que únicamente tramitó el PAI para esquivar lo pactado pero consciente de que el Consell no lo iba a aprobar -son del mismo grupo ya que Consell y Ayuntamiento gobiernan en coalición- y por eso presentó una demanda que finalmente ascendió a algo más de 25,1 millones de euros.
A la espera de juicio, el Consell Jurídic Consultiu ha estimado que el Ayuntamiento de Ribarroja tiene razón y ha cumplido con lo que venia estipulado en el acuerdo alcanzado en 2014 puesto que ha tramitado el PAI. Ahora deberá ser la justicia quien dicte sentencia.