ALICANTE. Malas noticias para los clubes de la Comunitat Valenciana desde Luxemburgo, ciudad donde tiene su sede el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).
El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) espera un "inmediato" pronunciamiento "contrario" a los intereses de Elche, Hércules y Valencia respecto a las solicitudes de suspensión cautelar de la obligación de pago relativa a la decisión de recuperación dictada por la Comisión Europea en el verano de 2016 contra las tres entidades, por la que se declaran ayudas de Estado prohibidas los avales que recibieron sus fundaciones entre 2008 y 2011 del banco del Consell y en virtud de la que se le reclama el pago de 4,1 millones al Elche, 6,9 al Hércules y 23,4 al Valencia.
Al tiempo que interponían un recurso de nulidad contra la citada decisión, los tres clubes iniciaron también un procedimiento de medidas provisionales, solicitando al TGUE que suspendiera la obligación de pago (el IVF había iniciado ya el procedimiento de cobro) hasta que se pronunciase sobre los recursos. El tiempo transcurrido hacía pensar que el Tribunal (que otorgó una cautelarísima a cada uno de los clubes a finales de 2016) no iba ya a resolver las citadas solicitudes y entraría directamente a valorar los recursos de nulidad. Sin embargo, Alicante Plaza ha podido saber de fuentes del Consell que esa supuesta confirmación de facto de la suspensión cautelar de la obligación de pagar no solo no se ha producido, es que sí va a haber un pronunciamiento respecto a las medidas cautelares solicitadas y además desestimatorio, es decir, que el Tribunal resolverá que ha pagar de manera "inmediata y efectiva" como exige la Comisión, aun cuando no se hayan resuelto los recursos (algo que, por otro lado, no se espera para antes de dos años).
Al hilo de lo anterior, desde el IVF destacaban lo importante que resulta el que se esté exigiendo al futuro adjudicatario de la subasta del derecho de crédito de 12 millones de euros que se mantiene contra la Fundación del Elche que presente un aval para garantizar el cumplimiento de la citada obligación.
"Pedro y el lobo"
La confusión que ha rodeado todo el procedimiento, desde que Bruselas dio a conocer en julio de 2016 la decisión de recuperación, ha sido mayúscula; algo a lo que ha contribuido el proceder del Tribunal General, con una demora que ha roto todos los pronósticos: se barajó públicamente desde la Generalitat y los clubes afectados que habría una primera resolución respecto a las medidas cautelares para principios de 2016 y más tarde se apuntó al pasado julio.
"Beligerancia" de la Comisión
Lo que sí ha quedado meridianamente claro, durante todo este tiempo, es la beligerancia de los servicios jurídicos de la Comisión Europea en este asunto, como también la voluntad del Reino de España y de la Generalitat Valenciana de apoyar a los clubes.
Si bien se cree que el TGUE terminará rebajando la suma que se exige a los clubes (el propio director general del IVF se ha mostrado crítico con el interés que aplica Bruselas), el que estos sean obligados ahora a desembolsar las citadas cantidades supone un grave contratiempo que afectará a su viabilidad.