ALICANTE. Sin llegar al extremo de poner fin a la negociación de manera abrupta, sin acuerdo, como ha ocurrido entre la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), pero la realidad es que las posturas siguen muy distantes.
Así se encuentra ahora mismo el tira y afloja que protagonizan el Elche y su personal deportivo respecto a un hipotético acuerdo de rebaja salarial que evite que el club recurra a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de reducción de jornada y/o suspensión de contratos que afecte a su personal deportivo.
La propuesta de la entidad se ajusta a los valores genéricos que el presidente de la patronal, Javier Tebas, desvelaba este martes en un encuentro con los medios: de un 20% si no se juega; de un 10% si se juega a puerta cerrada; y de un 5% si se juega con público. Los jugadores, por medio de sus capitanes, mejoran algo el planteamiento que el sindicato mayoritario puso sobre la mesa: aceptan una rebaja sin vuelta atrás del 10% ya e incluso del 20 ahora pero si se les garantiza que se les devolvería la mitad de regresar la competición esta campaña.
El Elche calcula un ajuste a la baja de 2,2 millones de euros en sus ingresos para el caso de que no se vuelva a jugar esta temporada. La merma se reduce hasta los 400.000-500.000 euros si, por el contrario, se disputasen las 11 jornadas que restan con televisión y público en las gradas, mientras que si se ha de jugar las mismas a puerta cerrada (solo con la televisión como testigo), el pellizco sería mayor aunque dependería en gran medida del resultado de una negociación con los patrocinadores (la visibilidad de su marca se vería afectada).
ERTE
Además de negociar un acuerdo con la plantilla (y cuerpo técnico) que permita rebajar el gasto salarial que representa (más de 5,5 millones de euros) está sobre la mesa, como alternativa, una reducción temporal de empleo al calor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas extraordinarias para paliar el impacto del Covid-19. En este se contempla, entre otras, la posibilidad de solicitar un ERTE por causa de fuerza mayor (el estado de alarma decretado por el Gobierno, las medidas de confinamiento y la pérdida de actividad) que consista en una suspensión temporal de contratos o en una reducción de la jornada laboral (entre un 30 y un 70%) de los trabajadores.