Desestimada su demanda por cláusulas abusivas contra el Instituto Valenciano de Finanzas
ALICANTE. Revolcón judicial para la Fundación del Elche, cuya demanda por cláusulas abusivas contra el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha sido desestimada.
En una sentencia fechada este tres de marzo, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Eche, Agustín Valero Maciá, desestima la demanda interpuesta por la Fundación contra el banco del Consell alegando la existencia de determinadas cláusulas abusivas en el contrato de préstamo suscrito en 2011 con la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo con el aval del IVF,concretamente las relativas al interés de demora (29%), el redondeo al alza del interés aplicable, el porcentaje de la comisión de amortización anticipada, la facultad en favor de la entidad financiera para declarar el vencimiento anticipado del préstamo en caso de incumplimiento del prestatario y la imposición a este de todos los gastos derivados de la operación.
"Notable déficit argumental y probatorio"
El magistrado identifica un apunta a la condición de "no consumidor" de la Fundación, algo que "limita la viabilidad de la nulidad de las cláusulas impugnadas" (pone el acento en que Tomás Alvarado, quien según declara en el acto de juicio José Sepulcre firma en nombre del club como director general del mismo, es economista de profesión) y tampoco cabe, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, hablar de lo que se conoce como "cláusulas sorprendentes" entre profesionales (el magistrado llega a identificar un "notable déficit argumental y probatorio" en el demandante), por lo que entiende que corresponde desestimar la demanda, imponiendo el pago de las costas a la Fundación.
Una "demanda temeraria", pero cuya desestimación será recurrida
Parece cantado que esta resolución será recurrida ante la Audiencia Provincial por la Fundación, por lo que estamos ante la primera batalla de una guerra con la que dicho ente y por extensión el consejo de Administración del Elche, buscan mantener bloqueada judicialmente la ejecución de la prenda (el 54% de las acciones del club franjiverde) con la que se garantiza la devolución a las arcas públicas de los 16 millones de euros avalados por un IVF que en su día vio como la interposición de esta demanda que su director general calificó de "temeraria" llevaba a la suspensión de la subasta notarial de la deuda de la Fundación.