ALICANTE (EFE). Juan Carlos Ramírez, presidente del Hércules, tomó el control del club en 2017 e inició su saneamiento económico tras adquirir el derecho del crédito de 15,4 millones de euros del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) frente a la Fundación del Hércules y alcanzó un nuevo acuerdo con los acreedores.
A pesar de que la situación de la entidad continúa crítica, los movimientos realizados por Ramírez permiten dibujar una hoja de ruta, algo que no se apreciaba en anteriores ejercicios.
El presidente del Hércules llegó al cargo en mayo, si bien ya ejercía como colaborador y miembro del consejo durante las dos últimas temporadas en las que se había involucrado especialmente en cuestiones deportivas.
Tras relevar a Carlos Parodi como presidente, Ramírez se marcó un plan de actuación para salvar al club, ahogado por las deudas históricas con Hacienda, los acreedores y, además, con la amenaza de pago inminente de la multa de la Comisión Europea por las ayudas ilegales en la concesión de un préstamo.
Ramírez se marcó como primer objetivo tomar el control accionarial para, ya como dueño, poder negociar con fuerza con Hacienda. "No voy a poner el dinero si el niño no es mío", comentó en tono coloquial durante los últimos meses.
También presionó a Hacienda para forzar un acuerdo y evitar el embargo, pero la Agencia Tributaria hizo caso omiso de las amenazas del presidente y no aceptó reunirse con el dirigente y mantuvo el bloqueo económico
Ramírez también tuvo varias polémicas con el IVF, ya que descartó acudir a la primera convocatoria para la subasta del crédito y las acciones, realizada en julio, al considerar que el precio era una "salvajada".
Posteriormente, el dirigente sí acudió a la segunda subasta a través de la empresa Kuntajara, de la que es propietario, aunque la operación acabó con polémica.
Ramírez desembolsó los de 508.150 euros del precio de salida, y obtuvo el quince por ciento de las acciones de la entidad y el derecho del crédito del IVF frente a la Fundación del Hércules, en virtud del cual pesa un embargo sobre el 72,71 por ciento de las acciones.
Sin embargo, semanas después, el presidente rompió la operación al considerar que el precio de los gastos de notaría, 100.000 euros, eran excesivos, por lo que amenazó a Manuel Illueca, director del IVF, con acudir a los tribunales de justicia.
La subasta fue declarada quebrada y el proceso de venta quedó paralizado hasta diciembre, cuando el IVF aceptó la venta tras una oferta realizada ahora por la empresa Zass Tecnológica, de la que participan Juan Carlos Ramírez, presidente del Hércules, y Javier Portillo, director deportivo del club.
Tras firmar la compra y ser ratificado como presidente en la junta de accionistas, el presidente espera ahora la aprobación del reconvenio presentado a los acreedores, que ya cuenta con el 75 por ciento de las adhesiones.
Tras arreglar dos de las "patas del banco", como señala Juan Carlos Ramírez, en 2018 espera una batalla con Hacienda para lograr un calendario de pago de la deuda de cuatro millones, mientras se sigue a la espera de la resolución de la sentencia de Bruselas.
"A partir de ahora será el momento de hablar con Hacienda y poner toda la carne en asador para salvar esta institución", indicó.
Otro de los objetivos del presidente para el futuro es llevar a cabo una operación de reducción y ampliación del capital social del Hércules para diluir definitivamente lo presencia de la Fundación, a la que desea desvincular de la entidad, y que Zass pase a ser la máxima accionista.
