VALÈNCIA. "El convenio con la FIFA le corresponde al Valencia negociarlo, igual que yo he remitido mi propio documento a la FIFA. Yo puedo opinar sobre mi documento, no puedo opinar sobre el documento del Valencia". Con estas manifestaciones, la alcaldesa de València, María José Catalá, pasó de puntillas sobre la nueva medida de presión de Meriton Holdings para firmar la documentación que exige FIFA a todas las ciudades que opten a ser sede durante la disputa del Mundial de 2030.
El 22 de febrero, 24 horas después de que el Ayuntamiento de València anunciara la puesta en marcha de una auditoría externa para evaluar el coste de la obras del nuevo estadio del Valencia CF en la avenida de Cortes Valencianas, porque no se fiaba de las cifras que había marcado el club, llegó la respuesta del club. Los ejecutivos de Meriton Holdings en la ciudad comunicaron entonces a las administraciones públicas, Generalitat y Ayuntamiento de València, que no podían firmar el acuerdo de adhesión en relación con la acogida, organización y puesta en marcha del Mundial de 2030 que formaliza la candidatura de València como ciudad anfitriona de la Copa del Mundo.
Meriton Holdings argumentó que, ante la incertidumbre e inseguridad jurídica generada por la moción del Ayuntamiento que impedía conocer los plazos para obtener la renovación de la licencia de obras y la fecha en que se someterán a votación en el pleno municipal las fichas urbanísticas, no podía firmar la carta para que la ciudad fuese sede del Mundial 2030.
El club reaccionó de esta manera a la decisión de la comisión de Urbanismo que aprobó, con los votos de PP, Vox y Compromís, una moción alternativa con el objetivo de "garantizar la seguridad jurídica y exigir eficazmente las garantías que aseguren el coste total de las obras del nuevo estadio y que las mismas no volverán a ser paralizadas".
Ese movimiento estratégico de Peter Lim se interpretó como un nuevo chantaje de Meriton Holdings a la ciudad para que las autoridades políticas accedan a firmar un convenio urbanístico que beneficie a Peter Lim si no quieren que se esfume la opción de acoger el Mundial de 2030.
Esta semana los ejecutivos de Meriton en València han trasladado que firmarán la documentación FIFA protocolaria para optar a acoger el Mundial si hay una cláusula resolutoria que no penalice a la entidad. Meriton pretende liberarse del contrato con una cláusula que lo libere de obligaciones si no recibe las licencias urbanísticas y las autorizaciones que faltan para levantar el nuevo estadio. Es decir, está dispuesto a firmar el contrato a cambio de unas clausulas condicionadas a que el Ayuntamiento le dé la renovación de la licencia de obras y se aprueben las fichas urbanísticas.
Sobre esta nueva medida de presión, cuando se agota el tiempo para que la ciudad puede optar a ser sede, María José Catalá ha decidido mantener prudencia y no alborotar una situación que continúa siendo espinosa. "Yo no opino sobre las decisiones que toma el Valencia. La disposición, desde luego, es positiva y yo me alegro de ello, pero no opino sobre esas decisiones porque no me incumben. Evidentemente, como responsable de la ciudad, que se acerque al Mundial me parece bien. Yo siempre he dicho que no voy a condicionar mis decisiones con el Valencia al Mundial, porque creo que no sería lo oportuno, pero la predisposición del Valencia positiva siempre me va a parecer bien", manifestó la alcaldesa a los medios tras la comisión de la Capitalidad Verde Europea.
"Ahora, no puedo opinar sobre algo que le corresponde al Valencia, porque el convenio con la FIFA le corresponde al Valencia negociarlo, igual que yo he remitido mi propio documento a la FIFA. Yo puedo opinar sobre mi documento, no puedo opinar sobre el documento del Valencia", puntualizó.
¿Hay alguna novedad sobre todos los procedimientos del nuevo estadio: licencia, auditoría, fichas?, le preguntaron a Catalá. "Ya sabéis que en la comisión de Urbanismo acordamos no tomar decisiones mientras no recayeran los procedimientos legales pendientes", respondió.
La situación que afecta al nuevo estadio tiene en estas fechas a club, políticos y administración en vilo, ya que está a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) sobre las dos demandas que interpuso Meriton contra la caducidad de la ATE y la negativa de la administración a conceder una prórroga. El club y las administraciones esperan todavía el fallo del TSJ, que se reunió el día 6 de marzo, pero todavía no ha fallado.