El juzgado de lo Mercantil de Valencia ha denegado la solicitud de la Fundación del Elche de paralizar el concurso de venta del crédito propiedad del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que concede la mayoría accionarial del Elche CF
VALENCIA. El juzgado de lo Mercantil de Valencia ha denegado la solicitud de la Fundación del Elche de paralizar el concurso de venta del crédito propiedad del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que concede la mayoría accionarial del Elche CF, por lo que el proceso continuará con total normalidad.
La Fundación del Elche, entidad máxima accionista del club, había presentado una impugnación el pasado 10 de junio contra el proceso de venta iniciado por el IVF al considerar lo "viciado de nulidad desde el inicio" y que no daba las mismas oportunidades a todos los posibles compradores.
El pasado jueves se celebró la vista oral en Valencia en la que estuvieron representadas las dos partes y este lunes se ha reconocido la decisión del juez, que no concede medidas cautelares, por lo que el proceso de venta no quedará paralizado y podrá concretarse en los próximos días.
Juan Pascual, secretario general del Elche, aseguró a Efe que la decisión del juez solo afecta a la petición de una "suspensión cautelar", pero no a la impugnación del proceso, ya que el consejo y la Fundación continúan defendiendo que está "mal planteado".
Manuel Illueca, director del IVF, también valoró en su cuenta personal la noticia y señaló que, como ya se ha encargado de comentar en varias ocasiones, "el proceso de venta del Elche CF no tiene vuelta atrás".
"Esta semana habrá noticias del IVF", añade el dirigente del banco de la Generalitat, en alusión a que, siguiendo los plazos previstos, podría conocerse en los próximos días el nombre de la oferta ganadora.
El IVF, que ya tiene la autorización del Consell para ejecutar la prenda de las acciones, por lo que pasará a ser máxima accionista del Elche, ha recibido a través de BDO, consultora encargada de tutelar el proceso, dos propuestas de compra: una de un fondo internacional de origen catarí, dispuesta a desembolsar 25 millones de euros, y otra de un fondo español que pagaría unos 13.