ALICANTE. La Guardia Civil, junto a la Inspección de Trabajo y a la Tesorería General de la Seguridad Social, están llevando a cabo entradas y registros en varios clubes de fútbol entre los que se encuentran el Hércules y La Nucía, en el marco de una operación contra el fraude a la Seguridad Social y otros delitos vinculados con el uso de dinero no declarado que habrían sido supuestamente cometidos por los investigados.
El Instituto Armado precisa que son 10 los clubes objeto de la investigación, 9 de ellos del fútbol no profesional (además del Hércules, el Extremadura, Mérida, Salamanca o el Calahorra) y al menos 1 del fútbol profesional (el Cartagena). Además, hay varias entidades en las que se están efectuando también entradas y registros, como es el caso de La Nucía (donde se requirieron los contratos de plantilla y cuerpo técnico), pero no estarían bajo el principal foco de la investigación.
El Hércules asegura que tiene "el convencimiento pleno de que la entidad cumple fielmente la reglamentación laboral vigente"
En el caso del Hércules, este miércoles se personaban en el campo de Fontcalent agentes de la Guardia Civil y una inspectora de trabajo para entrevistarse con varios jugadores, siendo estos interpelados por su relación laboral con la entidad con preguntas como las siguientes: "¿Cobra todo en A? ¿Percibe alguna cantidad fuera de lo que se contempla en el contrato? ¿Las primas también figuran en ese contrato?".
El club blanquiazul, que por medio de un comunicado explicaba que la inspectora también había solicitado documentación interna y que la misma se le había facilitado, asegura tener "el convencimiento pleno de que cumple fielmente la reglamentación laboral vigente".
Denuncia de 'competencia desleal'
La investigación tiene su origen en una carta de 11 clubes de la desaparecida Segunda B que le dirigieron a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el año 2020, en la que denunciaban competencia desleal por parte de otros de la misma categoría, a los que acusaban de no pagar de forma legal a sus jugadores y no cotizar debidamente a la Seguridad Social.
Los especialistas en delitos económicos de la Guardia Civil, con el apoyo de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, iniciaron entonces una investigación, contactando con diferentes agentes de futbolistas, buscando comprobar la veracidad de los hechos que se ponían de manifiesto en la mencionada carta y que parecían ser una costumbre normalizada entre la mayoría de los clubes.
Reunión de 2019
Una reunión de la RFEF con los presidentes de clubes de fútbol de Segunda B y Tercera División en noviembre de 2019 y, que es de acceso público en Internet, precisamente resultó clave para dimensionar la magnitud y la normalización del problema.
A raíz de la constatación de lo anterior, se preparó una inspección coordinada entre la Guardia Civil y las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social. Este tipo de actuaciones son más habituales de lo que se cree y con ellas se busca prevenir el fraude a la Seguridad Social y delitos contra los trabajadores. En este caso concreto, además, la Guardia Civil ha participado en el desarrollo de sus funciones de lucha contra la corrupción en el deporte en todo el territorio nacional.