Meriton bajo la lupa de la fiscalización

VALÈNCIA. Se percibe cierto nerviosismo en los empleados de Meriton en Valencia, y por ende en las reacciones y consiguientes órdenes de bunkerización a los empleados del club. Los singapurenses no llevan nada bien algunas noticias aparecidas durante los últimos meses y que sitúan a Peter Lim en el ojo del huracán. Su visión del negocio que compraron incluye el oscurantismo y la falta de información hacia el exterior dado que su manera de interpretar dónde están excluye de cualquier escenario el hecho de dar explicaciones a nadie. Desmontar el gabinete de Comunicación -dejando en dicha área del club algún empleado casi sin margen de maniobra y de manera testimonial- hace unos meses es su respuesta a la hora de aislarse con un entorno que consideran injustamente beligerante. No entienden que se les cuestione siendo los máximos accionistas de la entidad. Es más, como en más de una ocasión ha dicho en redes sociales la hija del máximo accionista, piensan que ni siquiera nadie pueda tener el derecho a opinar sobre ello.

En la última semana, la sensación de fiscalización a la gestión de Peter Lim ha vivido dos sonados capítulos. El primero la multa de FIFA al Benfica por considerar abusivos algunas premisas de su unión con Meriton en el proceso que acabó con Rodrigo y André Gomes traspasados al Valencia CF. Pese a que la sanción es para el club lisboeta, hay una andanada que afecta directamente al máximo accionista del Valencia CF, ya que FIFA advierte que la pignoración de los derechos de los futbolistas no se puede ofrecer como garantía ante un préstamo con cláusulas abusivas como las que se dieron en el citado caso. Esto podría chocar frontalmente con los dos préstamos para los que el máximo accionista ha pignorado los derechos de ocho futbolistas como aval ante un posible impago del club, con lo cual el máximo organismo internacional del fútbol podría requerir información sobre este supuesto para impedir dicho abuso. Y por otro lado, abre la puerta a que los accionistas puedan exigir información y plantear legalmente un conflicto de intereses por entender que el presidente del club, al acceder a dicho planteamiento, está velando por los intereses del máximo accionista anteponiéndolos a los de la entidad.

Además hay que recordar que no es el primer encontronazo del socio de Peter Lim, Jorge Mendes. Cabe recordar que en Marzo del pasado año, la policía realizó un exhaustivo registro de las oficinas de la empresa del agente portugués, Gestifute, en el marco de una operación contra la corrupción en el fútbol luso. Parece que sobre los movimientos de Mendes, también se estrecha la vigilancia.

Casi paralelamente en el tiempo, encontramos el segundo capítulo fiscalizador. El miércoles 3 de febrero la plataforma Libertad VCF emitía un comunicado para anunciar que el Juzgado de lo Mercantil número 1 había admitido a trámite una demanda para impugnar tres acuerdos tomados en la última Junta General de Accionistas. El primero de ellos pide "la nulidad del Acuerdo del Consejo de Administración, por el que el Valencia CF contrae un préstamo con Meriton Holdings de 16.500.000 de euros cuyo plazo vence en 2021 y cuyas garantías son cuatro jugadores de la primera plantilla, por abusivo y por incurrir en conflicto de intereses". El segundo solicita "la nulidad del Acuerdo de la Junta General, correspondiente a la Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, en lo relativo al nivel salarial de la Alta Dirección el Valencia CF SAD, por ser abusivo respecto de la situación financiera
de la entidad". Y el tercero,  demanda "la nulidad del Acuerdo de la Junta General, correspondiente al punto de la modificación del Artículo 11 de los Estatutos Sociales del Valencia CF, por el que se eleva el umbral correspondiente al número de acciones necesarias para participar en la Junta General de Accionistas de 11 acciones a 3.598 por ser abusivo y atender exclusivamente al interés del máximo accionista". Como diría Lao Tse "un viaje de miles de kilómetros comienza con un pequeño paso".

Por si todo ello fuera poco, la escenificación de la presión de las instituciones políticas está en marcha desde hace ya varios meses. Tanto el alcalde Joan Ribó como la Vicealcaldesa Sandra Gómez han mostrado públicamente su disconformidad con la inacción del club a la hora de cumplir con los plazos de la ATE para la finalización del nuevo Mestalla que finaliza el 15 de mayo de este mismo año. Tanto uno como otra han remarcado en diversas comparecencias públicas que si no ven una voluntad del actual consejo de administración del club por acabar el nuevo estadio, no están dispuestos a prorrogar la ATE. La Conselleria de Economía también está dispuesta a forzar esta medida de fuerza si el club no presenta un proyecto viable en los plazos requeridos.

Además, esa presión se ha plasmado también al abrirle las puertas y escuchar al mayor grupo opositor a Lim la plataforma de "De Torino a Mestalla", que ya ha tenido una primera toma de contacto informal con el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig y han sido recibidos de manera oficial por Sandra Gómez en el Ayuntamiento de Valencia.