ALICANTE. Lo advirtió Carlos Parodi el día en que anunció que iba a dimitir como presidente y Juan Carlos Ramírez, en el consejo de administración posterior a su nombramiento, lo reconoció.
"Antes de que acabe el mes", tiene que haber una solución para las ya tristemente famosas patas de la mesa del Hércules, pero, transcurridas ya dos semanas del mismo, no se vislumbra la misma. Tras la reunión con la Agencia Tributaria de la semana pasada, desvelada por Alicante Plaza y que tuvo lugar en la Dirección Regional de Recaudación de València, la negociación con el fisco permanece en el mismo punto: hay una deuda de 4,3 millones de euros y al club se le exige el pago total de la misma o un aval por la citada suma para acceder a un fraccionamiento. El problema de lo anterior es que, además de los embargos a los que le somete el fisco, el Hércules no puede tampoco formalizar la modificación del convenio con los acreedores ordinarios a los que, según el todavía vigente convenio, ha de abonar el 30 de junio 1,3 millones que no tiene y, al tiempo, tampoco puede trasladar a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) la información que le requiere para, de acuerdo con el Reglamento de Control Económico (al que el club quedó comprometido a someterse en 2013, dentro de las obligaciones del convenio de acreedores, con independencia de que jugase o no en categoría profesional), facilitarle la hoja de ruta que en lo económico habrá de seguir, entre otras cosas, en la planificación deportiva.
Como recordábamos la semana pasada, la LFP le fijó para este curso un tope de 554.000 euros para gastar en plantilla y cuerpo técnico del primer equipo. De hecho, la comisión de control del cumplimiento del convenio de acreedores del Hércules, en la que la voz cantante la llevan la patronal de los clubes de Primera y Segunda División A y el sindicato de futbolistas (AFE), tiene entre sus funciones autorizar o no cada fichaje que realice el equipo.
El club, y más concretamente Javi Portillo, ha trabajado en una lista de bajas con la intención de valorarla esta semana junto con Juan Carlos Ramírez y hacerla oficial el jueves o viernes, pero ahora mismo esta parece la última preocupación del empresario vasco. Y no es para menos.
Subasta del control del 87% de los títulos del Hércules
Y es que, por si con el problema de Hacienda no hubiera bastante, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) también sigue sin convocar la subasta en la que ha de traspasar el control del 87% de las acciones del club.
Como adelantamos en Alicante Plaza hace un mes, para fijar el precio de salida de la subasta el banco del Consell tenía incluso la intención de contratar a un experto independiente para que tasase tanto el 15,07% de las acciones del club blanquiazul, con cuya titularidad se hizo a través de la subasta de los bienes y derechos de Aligestión Integral, como el derecho de crédito de 18 millones de euros, en el que el IVF es acreedor y la Fundación del club blanquiazul deudora y en virtud del cual están embargadas las acciones del Hércules titularidad de la misma y que representan el 72,69% del accionariado.
Pues bien, nada se sabe de la tasación y menos de la subasta. Algo que hay que necesariamente ligar con la intención de Juan Carlos Ramírez (y Enrique Ortiz) de hacerse con esas acciones. Voluntad no solo reiterada en la que hasta la fecha ha sido su única rueda de prensa tras convertirse en presidente: es que en la misma volvió a insistir en la necesidad de tener el control de dichas acciones para inyectar capital en un club hoy embargado por Hacienda por sus impagos y con otras obligaciones dinerarias tanto o más importantes que penden sobre su cabeza.
La decisión de recuperación de la Comisión
Esta es la única cuestión que Juan Carlos Ramírez ha ignorado deliberadamente desde el día que se descolgó con un "no vamos a pagar", pero también la única que supondría inmediatamente la entrada en liquidación del club si no se cumple (la Política de Recuperación es muy clara en este punto).
Ahora sí está cerca la primera resolución del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), relativa a la decisión de recuperación por la que se le reclama al Hércules el pago de siete millones de euros, tras declarar que contrario a la competencia en el mercado interior el aval de 18 millones de euros prestado en 2010 por el IVF.
En Luxemburgo se especula seriamente con que en las próximas semanas se dará a conocer a las partes el auto del TGUE por el que se resuelva el procedimiento de medidas cautelares iniciado por el Hércules, con el objetivo de que se suspenda la obligación de pagar la citada suma hasta que el tribunal no resuelva su recurso de nulidad; sería una vez haya finalizado la liga en Primera y Segunda División A, categorías en las que militan Valencia y Elche y que también aguardan una resolución judicial en este tema.