Meriton acusa al Ayuntamiento de "entorpecer hasta la exasperación" la construcción del nuevo estadio

VALÈNCIA. En un escrito de conclusiones dirigido a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana el Valencia CF (VCF) carga contra el Ayuntamiento de Valencia "por entorpecer hasta la exasperación" el proyecto de la ATE, cuya caducidad está pendiente de lo que determinen los tribunales tras la denuncia del club de Mestalla.

La retirada de la demanda por la caducidad de la ATE, que afecta a todo el proyecto y a los beneficios urbanísticos relacionados con las parcelas de Mestalla y con la construcción del nuevo estadio, fue una de las dos condiciones que el Ayuntamiento, en un escrito dirigido al club, hecho público el 18 de octubre, le impuso a Meriton si quería negociar un nuevo convenio por el estadio de la avenida de Cortes Valencianas. La otra fue que el club retomara las obras en el momento la renovación de la licencia de obras fuese concedida.

Meriton Holdings LTD desvela en este escrito que no tiene intención de retirar la demanda. Las conclusiones por escrito de un recurso contencioso administrativo son el paso previo a la sentencia de un juicio. El TSJ fallará después de escuchar todas las alegaciones de todas las partes personadas en la causa.

En el documento que el club remitió el miércoles al TSJCV, que han destapado los programas Tribuna Deportiva y Sin Ataduras, los servicios jurídicos del club acusan al Ayuntamiento de limitarse "a prolongar los trámites durante meses e incluso años, obstaculizando así la ejecución del proyecto hasta la exasperación. Esta conducta es claramente contraria a la finalidad misma de la Ley 1/2012".

La nota incide en que ante una situación "de marcado entorpecimiento, e incluso oposición por parte de la Administración, se torna sumamente difícil, por no decir imposible, llevar adelante un proyecto de semejante magnitud como la ATE en los términos inicialmente previstos. Pues a pesar de todos los esfuerzos de mi representada, sin la ayuda de la Administración es imposible construir nada".

La responsabilidad por no cumplir con los plazos de la ATE y llevarla hasta su caducidad no es cuestión del club, según los abogados de Meriton, sino que se ha originado "por causas ajenas entre las que destaca de manera notable la negligencia absoluta y la falta de colaboración por parte de la Administración. El Club ha cumplido y ha intentado cumplir con la diligencia debida, pero ha sido víctima de retrasos constantes y de la falta de cooperación por parte de las autoridades involucradas".

Lo letrados de Meriton defienden que el desarrollo de la ATE ha estado marcado desde su inicio por el contraste "entre dos actitudes diametralmente opuestas: por un lado encontramos el impulso proactivo y colaborativo, hasta incansable del Club como promotor: y por otro, la total pasividad e inacción de las administraciones implicadas en la misma, que han infringiendo constante y completamente sus obligaciones, haciendo caso omiso, cuando no ralentizando hasta la saciedad los trámites, las peticiones y las actuaciones que mi mandante continuamente ha intentado llevar a cabo.
Como veremos, es incuestionable que no ha habido colaboración alguna y mucho menos se han brindado facilidades por parte de las Administraciones".

En el escrito, el aparato jurídico de Meriton habla "de una especie de batalla de ahogo y derribo" contra el máximo accionista, Peter Lim, en todo este asunto, "la cual solo perjudica al Club, a la ATE y a su afición".

E insiste en que "tan palmaria" es esta "animadversión de aquellos -ahora antiguos- dirigentes", que se vieron "obligados" a ampliar la demanda y aportar "más evidencias de los constantes ataques al Club, especialmente los realizados por la -por aquel entonces- vicealcaldesa Sr. Sandra Gómez hacia el Sr. Lim y Meriton Holdings".

En el escrito se acusa a Sandra Gómez "quien era entonces encargada de tramitar y sacar adelante distintos hitos de la ATE y manifestó, sin disimulo alguno, que "(...) exigimos de forma contundente que el Valencia acabe la obra. Y lo hacemos quitando los derechos urbanísticos que concedió en su día el Partido Popular al club, en un pelotazo urbanístico, para hacer un centro comercial en mitad de la ciudad de Valencia. Eso no va a suponer una quiebra patrimonial, pero sí una pérdida importante para los propietarios".

Los abogados interpretan, de esas manifestaciones que recogen de Gómez, que "las batallas políticas y las cruzadas particulares de los políticos deberían haber quedado al margen de la ATE. Mezclar ambas cosas fue un error fundamental de aquellos antiguos dirigentes". 

"Incluso ahora, con nuevos líderes al mando del Avuntamiento la Sra. Sandra Gómez hace todo lo posible por obstaculizar todo lo posible cualquier actuación. Como decíamos, las luchas y los intereses partidistas deberían haber quedado fuera de la ATE, pero no fue así", agregan.

Los abogados garantizan que el club "pese a todos los obstáculos, cuenta con suficiente financiación acreditada para finalizar los hitos de la ATE" y que ostenta "sobradamente" financiación para hacer frente al desarrollo de la ATE. Y lo justifica explicando, primero, que el Instituto Valenciano de Finanzas consideró en su informe de 29 de abril de 2022 "que el Club tiene una financiación que cubriría el 70% del costo de las obras del Nuevo Mestalla ( se refiere a los 80 millones de euros de CVC); y, segundo, que "aunque, incomprensiblemente, y sin ningún tipo de cobertura legal, se le exija al Club que garantice el 100% del costo total de las obras, resulta que el Club no solo cumple con la garantía del 70% del costo total de las obras, sino que supera el 100% requerido. 

Y justifican este razonamiento incidiendo en que "no es práctica en absoluto habitual exigir que el promotor cuente con el 100% de la financiación antes de empezar el proyecto; no es así como funcionan los proyectos inmobiliarios de magnitud como el presente".

Sobre la caducidad anticipada de la ATE, los abogados razonan que la lleva a cabo el Consell de la Generalitat "por el incumplimiento de la Fase I y el incumplimiento de la sub-fase I de la Fase II". Y alegan que "la fase I consistía en la construcción del Hotel en el Solar de Jesuitas y que el VCF afirma que la construcción del Hotel era obligación de Expo Grupo S.A. y no del club". Sobre la subfase 1 de la Fase II dicen que "consistía en la ejecución y puesta en marcha del estadio" y que el VCF "se desentiende de toda responsabilidad" ya que la administración "no se ha pronunciado sobre la concesión o denegación de dicha licencia".

Zorío insiste en el chantaje

Miguel Zorío, líder de Marea Valencianista, ha definido el escrito de conclusiones remitido por el VCF al TSJ como "una nueva bomba de Meriton, Peter Lim y Layhoon sobre la mesa de Maria José Catalá" en la que "le echa la culpa al Ayuntamiento de que el estadio no esté acabado".

Zorío destaca que en la nota "no hay ninguna reseña a los gravísimos incumplimientos de Peter Lim que desencadenaron la caducidad de la ATE", y que este escrito a la justicia se suma a otro que envió Layhoon a la Alcaldesa el pasado 30 de noviembre "en el que, de manera descarada, le planteaba un chantaje en toda regla: si quieres estadio para tu Mundial, dame el pelotazo urbanístico2.

El exvicepresidente del VCF cree llegado el momento "en el que todos los concejales del pleno del Ayuntamiento se unan y le digan taxativamente a Peter Lim que basta ya, que cuando presente el proyecto de ejecución del nuevo estadio, su licencia se tramitará cumpliendo la legalidad y que las fichas urbanísticas quedan paralizadas hasta que no se cumplan las condiciones comprometidas públicamente por la Alcaldesa: un estadio 5 estrellas, avalar toda la obra, finalizar la obra y retirar los recursos judiciales".