ALICANTE. Como "un paso muy importante en su partido más importante". Así se refería el director general del Hércules, Carlos Parodi, al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el que se consolida la suspensión cautelar del efecto de la Decisión de Recuperación, en virtud de la que la Comisión Europea le reclama al Hércules el pago de más de siete millones de euros.

El auto, cuyo sentido era adelantado por Alicante Plaza, supone que el club blanquiazul se asegura no tener que desembolsar la citada suma hasta que el Tribunal General resuelva el procedimiento principal, el de nulidad, que actualmente está ya solo pendiente de sentencia, pero es que no se prevé que la Sala Cuarta de ese órgano jurisdiccional falle antes del segundo trimestre de 2019. Si el auto del TJUE no hubiese sido estimatorio y, como en el caso del Valencia, se hubiese desestimado el recurso de casación del Hércules, el club blanquiazul se enfrentaría ya, sin haberse resuelto el procedimiento principal, a la obligación de pagar esos más de siete millones de euros, suma que huelga decir que no tiene. Es decir, volvería a enfrentarse a un plazo fijado por el Instituto Valenciano de Finanzas a instancias de Bruselas para satisfacer esa cantidad, bajo la amenaza de la liquidación. Aunque cuesta creer que el Valencia corra finalmente riesgo de liquidación, es una situación de infarto a la que el club che se va a enfrentar en las próximas semanas y de la que en Foguerer Romeu Zarandieta se libran.

El TJUE no lo ve igual que el juez Jaeger

La estimación por parte del TJUE del recurso de casación del Hércules contra el auto por el que el TGUE desestimaba la solicitud de suspensión cautelar supone rebatir los argumentos de este segundo órgano jurisdiccional y más concretamente de su presidente, el juez Jaeger, que en su fallo de marzo no apreciaba ni la urgencia que alegaba el club blanquiazul, ni entendía que la no concesión de la suspensión cautelar causaba un perjuicio grave e irreparable al Hércules, ya que este corría riesgo de liquidación por tener que afrontar el pago inmediato y efectivo de la suma que se le reclamaba. Este juez luxemburgués consideraba que la información aportada por el Hércules era insuficiente, no representaba una imagen fiel de su situación financiera, impidiéndole apreciar si, a efectos de valorar la urgencia de la adopción de la suspensión cautelar y el riesgo que implicaba no decretarla, podía limitarse a examinar la situación del club de manera aislada o había de tener en cuenta las eventuales aportaciones de sus accionistas y más concretamente de Enrique Ortiz, máximo accionista y también presidente en aquel entonces y al que el Tribunal General señalaba viniendo a decir que, si gracias a él el Hércules contaba con jugadores cuyo salario no podía permitirse afrontar, también podía hacer aportaciones para cumplir con la Decisión de Recuperación.