VALÈNCIA. El ejercicio de la crítica siempre resulta incómodo para el poder y no hace falta ahondar en exceso en la historia de regímenes totalitarios para comprobar hasta dónde fueron, han sido y son capaces de llegar para ahogar las voces disidentes. En nuestro querido país hubo un tiempo, no tan lejano, en el que las libertades estaban coartadas bajo la implacable bota de un poder intocable que ejercía una censura institucional con la que acallar la disidencia y señalar a los disidentes pero el fútbol y sus altavoces siempre gozaron de cierta libertad por no estar directamente relacionado con los asuntos ‘sensibles’ que sí podían inquietar a los gobernantes.
La radio deportiva alcanzó en España niveles no conocidos en otras latitudes por, entre otras razones, ser la válvula de escape de un periodismo que se veía obligado a pasar por el tamiz de la censura cuando se adentraba en arenas movedizas. No quiere decir ello que los dirigentes de nuestro fútbol no hayan intentado tradicionalmente, y en muchos casos conseguido, neutralizar aquellos discursos que no les favorecían pero generalmente han quedado bien marcadas ciertas líneas rojas que, desde un lado y desde el otro, no se deben sobrepasar. Al fin y al cabo, siempre hay un árbitro supremo en el que ampararse en cualquier disputa que es la Constitución Española: cualquier ciudadano, y eso incluye a los dirigentes del fútbol, tiene la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia si es que ve vulnerados los derechos que dicha Constitución consigna y , de la misma manera, debe respetar la libertad de expresión que la Carta Magna recoge.
Pero estos señores que han venido a -según ellos- salvar el Valencia CF, parecen no haber entendido cómo funciona el juego democrático del país al que llegaron y mucho menos la relación lógica con los medios de comunicación. Deberían saber que en España rigen las leyes españolas y no las singapurenses, aunque no les guste. Deben entender que la última reforma de la Ley de Orden Público de Singapur de 2018 que confiere todos los poderes a las autoridades para restringir o prohibir las reuniones públicas y limitar la libertad de expresión, afortunadamente, no tiene vigencia alguna en España.
Deberían asumir que en este país, además de numerosos placeres que sí han hecho propios con un poder de adaptación meteórico, gozamos de un estado de derecho que también les atañe a ellos.
Deberían saber que la persecución y el veto de aficionados y comunicadores incómodos para sus fechorías, que pueden ser normales en su ‘República Bananera’, no lo son aquí y que, les guste o no, están sometidos a la crítica de los medios como los medios lo están al derecho al honor de los demás. Si algún periodista traspasa esa línea roja los tribunales están abiertos para el ofendido pero... mientras no lo haga, le ampara todo el derecho para el ejercicio de la crítica.
Mientras ellos atentan contra el Valencia CF y su memoria, la pulsión crítica de aficionados y periodistas no sólo es legítima sino absolutamente necesaria para tratar de salvaguardar el legado que nos dejaron nuestros mayores y que estos ‘personajes’ insisten en tiranizar día tras día. Con todo el respeto a aquellos que opinen de manera distinta e incluso con aquellos que lo hacen en beneficio de intereses poco confesables pero... con toda la fuerza y toda la contundencia.
Los vetos inquisitoriales son propios de una caverna de la que salimos en España hace ya muchos años. Utilizar como moneda de pago una filtración periodística que casi siempre es mentira y una entrevista inocua con cualquier futbolista... es ridículo. Como ellos.