El Valencia se hace pequeño económicamente, sigue la división y el Nou Mestalla no arranca

VALÈNCIA. El Valencia cerrará el 2023 sin saber aún cuando retomará las obras de su nuevo estadio y tras haber aprobado unas cuentas que buscan el equilibrio económico en una nueva reducción presupuestaria y haberlo hecho en una junta de accionistas que constató la fuerte contestación que tiene la gestión del máximo accionista Peter Lim.

El club cerró con 6,9 millones de euros de pérdidas el pasado ejercicio, un balance negativo pero mucho menos que el anterior, en el que rozaron los 46 millones. Haber computado ventas como la de Carlos Soler o Gonçalo Guedes en este último balance ayudó a la mejoría.

En la línea de los últimos años el presupuesto de la campaña 2023-24 vuelve a reducirse y se queda en 99 millones, diez menos que el anterior. La línea deportiva descendente del equipo ha marcado un nuevo descenso en los ingresos por derechos televisivos, su gran fuente de ingresos.

El club que había achacado en años anteriores a las restricciones por el 'fair play' de la Liga la ausencia de fichajes tiene ahora un amplio margen en ese sentido pero ahora lo justifica por la necesidad autoimpuesta de no tener pérdidas.

El equipo de Rubén Baraja constató el sábado 16 de diciembre, en Mestalla ante el Barcelona, la fidelidad de su afición (46.492 personas en las gradas), el sólido apoyo a la plantilla y también el mayoritario rechazo a Lim y a sus directivos. Antes del encuentro, miles de personas se manifestaron frente al estadio, acusándoles de mentirosos y exigiendo su marcha, el mismo discurso que en la junta de unos días antes.

Las concentraciones frente al coliseo valencianistas y las manifestaciones por las calles de la ciudad para pedir la salida de Lim, pero también para reclamar a las administraciones que no le den cobertura, han sido una constante este 2023. La asociación Libertad VCF ha sido la gran impulsora de estos movimientos e incluso consiguió que la relación con el Valencia y Lim formara parte del debate político antes de las elecciones del pasado mes de mayo.

No obstante, la presidenta Layhoon Chan ha insistido durante todo el año, como ya hizo en los anteriores, en que Lim, que desde 2019 no viaja a València, no tiene intención de vender su mayoría accionarial y que no escucha ofertas.

Eso sí en diciembre de 2022 puso como ejemplo del compromiso del propietario una mayor presencia de su hijo y consejero Kiat Lim, pero tras asistir a esa penúltima junta no se le conoce ninguna otra acción más allá de su asistencia telemática a la última.

El hijo del propietario fue el encargado de anunciar que se reduciría el número de acciones necesarias para asistir a la junta, algo que no se cumplió para la celebrada hace unos días (en la que la barrera para asistir fue de 5.786) pero se aprobó para la de 2024, en la que cualquier accionista podrá asistir.

Layhoon Chan, como ya hizo hace un año, reiteró la importancia que tiene para el club el nuevo estadio y mostró la disposición a retomar las obras paradas más de quince años-, e incluso desde el club se apuntó a agosto de 2026 como nueva fecha para el traslado. La dirigente avanzó que acabar el recinto puede costar cerca de 170 millones de euros más y admitió que aún falta encontrar la financiación para unos 45 millones.

En el inicio del año, el club avanzó con el anterior consistorio un acuerdo urbanístico tras haber dado por caducada la Generalitat la Actuación Territorial Estratégica que lo amparaba por los retrasos de la entidad pero finalmente discrepancias en el convenio que debía establecer las características finales del recinto y el protocolo de usos compartidos lo frenaron.

Con la llegada a la alcaldía de María Jose Catalá (PP), el último movimiento del Ayuntamiento ha sido instar el Valencia a retomar las obras para tener ese convenio, un planteamiento que no ha rechazado el club. Desde la oposición se ha criticado la falta de transparencia en las relaciones y también la idoneidad para la ciudad del proyecto que pueda presentar el Valencia para obtener la licencia.

Desde los socios de los populares, Vox, se ha reclamado que se apueste por una ejecución subsidiaria, es decir que lo acabe otra empresa y luego se le pase la factura al Valencia y se ha apuntado que las licencias están caducadas, algo que el PP niega.

La oposición a Lim ha puesto en duda que el club, con su elevada deuda y sin la financiación cerrada, pueda acometer esa obra. También se ha alertado de que un acuerdo con el ayuntamiento facilitaría la venta del club, una posibilidad que creen que es real por el cariz de las cuentas presentadas o por la aprobación de la libre asistencia a la junta de 2024.