VALÈNCIA. El anuncio que hizo publico este martes por la mañana el Valencia CF de celebrar la Junta General de Accionistas el 16 de diciembre podría llevar a la plataforma Libertad VCF a pedir la suspensión de la asamblea en esa fecha. La cercanía en el tiempo con la decisión que tiene que tomar el titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de València respecto a la medida cautelar solicitada por la plataforma y correspondiente al requisito accionarial para la asistencia a la Junta General de Accionistas, provoca que apenas haya tiempo entre ambas fechas para delegar acciones.
El Juzgado de lo Mercantil n°1 de València comunicó el 26 de noviembre que había emplazado a Libertad VCF a una vista el día 9 de diciembre a las 9:30 horas para resolver la medida cautelar que afecta al número de acciones que deben poseer los socios, en propiedad o delegadas, como requisito para acceder y participar en la Junta.
Tanto si el juez falla el día 9 o lo hace un par de días más tarde, la fecha en la que tome su decisión sobre la cautelar está muy pegada al día en el que el club ha fijado la Junta. Por este motivo, Libertad VCF se plantea pedir la suspensión para el día 16 de diciembre y que un juez obligue a Meriton a retrasar esa fecha cerca de fin de año. De esta forma habría más tiempo para que los socios pudiesen organizarse y delegar acciones, fuese cual fuese el dictamen de la cautelar.
"Le hemos pedido al juez que conceda la medida cautelar para que en la próxima Junta de accionistas de diciembre no se ponga en marcha la presencia sólo de accionistas con 3.600 acciones. Le hemos pedido al juez que tome esta medida preventiva", explicó Dioniso Canales en rueda de prensa el 19 de noviembre.
Al mismo tiempo, Libertad VCF se plantea impugnar la primera ampliación de capital de 12,98 millones de euros hasta 34,56 millones por compensación de los créditos que en su día Lim concedió al club. Esta ampliación supondrá la puesta en circulación de 2,1 millones de acciones a un valor nominal de seis euros, pero que con la prima de emisión global que se ha establecido asciende a 14 euros por participación y que sirve para compensar créditos. En esta primera fase sólo puede entrar Lim, que cambia la pignoración de jugadores por la prima de emisión.
La razón para pedir esta impugnación es que Peter Lim, que realmente va a capitalizar deuda con este movimiento, esto es, cambiar deuda por acciones, incrementará su poder accionarial hasta rozar o llegar al 90% del capital social de la entidad. Libertad interpreta que "la primera ampliación esta reduciendo el porcentaje accionarial de los pequeños accionistas. Es una operación de maquillaje de Lim que pone el dinero y lo que hace es una reducción del porcentaje del accionista minoritario".
Este movimiento provocará que a la segunda ampliación del capital social de 24,5 millones de euros, hasta la cantidad de 59,09 millones, en la que ya puede entrar cualquiera, ningún socio o accionista, al margen del empresario singapurés acudirá realmente, ante la dificultad de discutirle cualquier decisión en Junta sin ningún poder accionarial. Según mantiene, Libertad VCF, esto acción supone "una prima de emisión para aumentar el patrimonio neto, que la pueden suscribir o no los accionistas. Es una intención. Esto no significa que lo vaya a hacer, lo puede hacer o no".
El grupo opositor a la gestión de Peter Lim mantiene que "haber puesto la junta el 16 de diciembre es un ataque al pequeño accionista, que no sabrá si puede acudir o no, o si tiene que delegar o no hacerlo".
En marzo de 2022 se celebrará el juicio por la demanda en la que Libertad VCF "impugnaba tres acuerdos de junta: salarios abusivos de los dirigentes, concesión de un préstamo de Meriton al Valencia CF sin las garantías necesarias y el aumento del total de acciones para acudir a las Juntas Generales a 3.600 acciones".
