VALÈNCIA. Aurelio Martínez, ex vicepresidente de la Fundación del Valencia CF y actual presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) elude, en una respuesta al juzgado que tramita una demanda contra él, su responsabilidad en el proceso de venta del club de Mestalla a Peter Lim en 2014 y culpa a los patronos integrantes de la Fundación Valencia CF.
El despacho de abogados de Jaime Navarro, impulsado por la iniciativa de varios socios del Valencia CF, entre ellos el empresario Pepe Barberá, interpuso hace unos meses una demanda de responsabilidad por daño moral y económico contra el expresidente del Valencia CF Amadeo Salvo y el expresidente de la Fundación Aurelio Martínez derivada de la venta del club a Peter Lim en 2014. La demanda recayó en el Juzgado de Primera Instancia número 22 de València. Esa acción legal formaba parte de un paquete de tres demandas que el despacho de abogados, especialista en productos tóxicos bancarios, puso en marcha contra Peter Lim y su empresa matriz Meriton Holdings. De la demanda contra Salvo y Martínez se excluyó al resto de patronos que firmaron la venta "porque los que la capitanearon con mucho ardor fueron Amadeo Salvo y Aurelio Martínez", aunque los abogados explicaron el 10 de octubre en rueda de prensa que no descartan "otras demandas".
En la contestación de Aurelio Martínez al juzgado sobre esta demanda, a la que ha tenido acceso Plaza Deportiva, se puede leer que el ahora presidente de la APV culpa a la Fundación y a todos los Patronos integrantes de la misma: "... por tanto se debe demandar, si no a la Fundación del Valencia CF como parte vendedora de las acciones (la cual salvaría la falta de legitimación pasiva de los codemandados), al menos a todos los patronos que conformaban el Patronato, del que los codemandados solo formaban parte sin capacidad por sí solos de conformar la voluntad de la Fundación, así como al Protectorado que autorizó la enajenación de las citadas acciones. De este modo, conforme al artículo 12-2 LEC se debió demandar a todos los patronos que conformaban el Patronato de la Fundación del Valencia CF y al Protectorado, pues, dice el citado artículo 12-2 LEC: 'cuando por razón de lo que sea objeto de juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa'”.
La demanda, según explicaron en rueda de prensa Jaime Navarro y Juanjo Ortega, miembro de otro bufete de abogados, venía derivada “de la compra venta opaca, ilegal y absurda. La venta del Valencia CF (VCF) se realizó como se vendía antes el ganado. El contrato de compra venta no tiene obligación para el comprador. Quiénes fueron los que articularon esa venda, son Amadeo Salvo y Aurelio Martínez que, a tontas y a locas, venden el club sin conocer el resto de ofertas y sin obligar al comprador en ninguna obligación. Pese a todo lo que dijeron que, como se demostró después, no se ha cumplido nada. Fueron compromisos de palabras, engaños al aficionado. La demanda es de responsabilidad por daño moral y económico”.
En la respuesta a la demanda, por parte de los abogados de Aurelio Martínez, se redirige la responsabilidad hacia el Consejo de Administración del VCF de aquella época y, de nuevo, a la Fundación. “Por tanto, en primer lugar, la actual situación económica, social y deportiva del Valencia CF SAD debe imputarse al actual Consejo de Administración de la citada mercantil. En segundo lugar, aunque sigamos a efectos dialécticos la dudosa lógica del escrito de demanda la citada situación a la venta de las acciones, dicha situación debería imputarse a la Fundación que enajenó las acciones”, dice el escrito al juez.
En la demanda, no obstante, Pepe Barberá destaca como pruebas las diversas manifestaciones de Martínez donde, rotundo, afirmaba ante los medios y la afición, que con Lim el estadio de Cortes Valencianas estaría, seguro, construido en 2019 y que la deuda del club, según precisaba, descendería en más de cien millones de euros. Todo lo que finalizando 2021 no se ha cumplido.
A Salvo y Martínez “como impulsores” de la venta del VCF se les reclama la cifra de 1.900 euros por socio denunciante. “Es una cantidad simbólica pero sirve para que el pequeño accionista pueda tomar alguna medida contra los dirigentes máximos que promovieron la venta”, explicó Jaime Navarro, que incidió en que cualquier socio del club puede en cualquier momento sumarse a esta demanda para ser indemnizado, si el juez lo estima conveniente, con esa cifra.
Los abogados de Martínez agregan en su defensa que “sea el que fuere, mi mandante no es autor de ninguno de los hechos que se le imputan: ni vendió las acciones del Valencia CF SAD, pues la vendió la propia Fundación por acuerdo del Patronato autorizado por el Protectorado; ni ha sido en ningún momento miembro de la Junta Directiva del Valencia CF SAD ni antes de la adquisición de las citadas acciones por Meriton ni después de la citada adquisición”. El presidente del APV olvida mencionar que varios importantes patronos de la Fundación, citados a declarar como testigos en esta demanda de Pepe Barberá, votaron en contra de entregar el Valencia a Lim.
Los socios que promovieron esta acción legal pretenden que el juez determine si Salvo y Martínez tienen que indemnizar a los demandantes, “por daños morales y económicos”, como responsables de engañar “gravemente” a los aficionados “sobre la solvencia y las buenas intenciones” de Peter Lim en el club.
La demanda incide en que Meriton, pese a lo que promulgaron durante y después del proceso de venta Salvo y Martínez, ha incumplido todas sus obligaciones y compromisos con el club en el plano deportivo, económico y social “engañando gravemente” a los socios. El documento presentado en el juzgado incide en que Peter Lim ha engordado la deuda del club, no ha respetado los derechos de sus accionistas y no ha reanudado las obras del nuevo estadio de la avenida de Cortes Valencianas.