Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Capítulo final para el tira y afloja entre la Generalitat Valenciana y el Valencia CF por la Actuación Territorial Estratégica (ATE). La Conselleria de Territorio rechaza el recurso de la entidad valencianista contra la caducidad anticipada de la actuación, que seguirá su curso tal y como se ha fijado el gobierno valenciano. De esta forma, el club agota la vía administrativa y en caso de querer seguir adelante con su oposición a esta decisión deberá acudir a los tribunales.
Este viernes el pleno del Consell de la Generalitat tiene previsto aprobar la desestimación del recurso de reposición presentado por el club y dará así carpetazo final a esta cuestión que ya solo podría dirimirse en los juzgados. Cabe recordar que este verano, el Gobierno valenciano aprobó la resolución anticipada para caducar la ATE, lo que suponía que el proyecto del nuevo estadio se queda sin esa figura urbanística que le otorgaba la calificación estratégica y le permitía unos plazos más ágiles. No obstante, la administración autonómica mantendrá al club valencianista los beneficios urbanísticos recogidos en la ATE.
A aquella decisión, el Valencia presentó el mencionado recurso y ahora, el departamento que dirige Rebeca Torró vuelve a esgrimir los incumplimientos del Valencia CF con los hitos fijados en la ATE para desestimarlo, como publicó este jueves eldiario.es.
En sus alegaciones, el club insistía en "la improcedencia de imputar al promotor el incumplimiento de las obligaciones fijadas en la ATE, los retrasos debidos a la inactividad del Ayuntamiento de València y las consecuencias de la Covid". De hecho, consideraba la decisión de tumbar la actuación como "injustificada, desproporcionada y onerosa para el interés público". Unos argumentos que no convencen al Consell, que insiste en que los incumplimientos han quedado "constatados".
Asimismo, el Valencia pedía la nulidad del acuerdo del Consell para iniciar la caducidad al considerar que el plazo legal para la resolución era de tres meses y no de ocho como finalmente fue con la decisión adoptada en agosto. No obstante, Territorio se remite a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) para defender la legalidad del proceso.
Además, desde este departamento recuerdan que cuentan con el aval del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que en un dictamen este verano dio la razón a la Generalitat Valenciana para seguir adelante con su hoja de ruta para dar por concluida la figura urbanística después de que el Valencia haya incumplido varios plazos fijados en el convenio de 2015 entre el club y el Gobierno valenciano, entonces dirigido por Alberto Fabra.
Con la caducidad de la ATE, la administración incautará la garantía que puso el Valencia CF y que asciende a 1,1 millones de euros, pero el mantenimiento de los beneficios urbanísticos le permitirá seguir adelante con el proyecto de erigir el nuevo coliseo tramitando los permisos en el Ayuntamiento de València.
Mientras, en paralelo, el club mantiene negociaciones con el gobierno municipal, que encabeza el alcalde Joan Ribó en coalición con los socialistas de Sandra Gómez, con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo urbanístico, aunque Gómez, edil de Urbanismo, recordó esta misma semana que el club puede y debe continuar las obras del estadio independientemente de convenio que pueda suscribirse entre ambas partes.
Una de las principales cuestiones que está en el punto de mira es la capacidad del estadio. Ribó anunció que había llegado a un acuerdo con el club para que el Nou Mestalla tuviera una capacidad de 66.000, ampliables de manera puntual si hiciera falta hasta los 70.000 y que estuviera acabado en 2025, pero la vicealcaldesa exige un campo de 70.000 independientemente del partido.
Por otro lado, este viernes el gobierno municipal da luz verde a su compromiso para que la ciudad acoja hasta una semifinal del Mundial de Fútbol 2030 en el caso de que España y Portugal sean elegidas como sedes de la competición. Los partidos de dicha competición se celebrarían en el Nou Mestalla, y de ahí es tan importante su capacidad.
La FIFA exige, como mínimo, 60.000 espectadores netos para celebrar una semifinal. Esto es, restando un 10% de los asientos totales a modo de reserva de seguridad. Lo cual aumenta la exigencia de asientos del estadio hasta los 67.100 aproximadamente. No obstante, aunque este es el requisito mínimo de la FIFA, desde la concejalía de Deportes, encabezada por el socialista Javier Mateo, insistieron que la línea roja municipal en el acuerdo urbanístico está en los 70.000, como fijaron en su momento ya los acuerdos urbanísticos.
